Cumbre en Chivilcoy: intendentes de la Cuarta Sección presionan a Kicillof por reformas en seguridad

El debate por la descentralización y la optimización de los recursos destinados a la prevención del delito sumó un nuevo capítulo en el interior bonaerense. Esta semana intendentes y funcionarios pertenecientes a la Cuarta Sección Electoral se congregaron en la ciudad de Chivilcoy para interpelar a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y exigir cambios en el diseño de las políticas de seguridad territorial.

Durante la jornada los alcaldes intercambiaron diagnósticos, unificaron preocupaciones estructurales y acercaron propuestas técnicas a los delegados del Ministerio de Seguridad provincial, quienes participaron del cónclave para recibirlas demandas logísticas y operativas de las distintas comunas. Entre las principales animadoras de las mesas de debate estuvieron el subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la Provincia, Andrés Escudero, el intendente anfitrión, Guillermo Britos y la intendenta de General Arenales, Érica Revilla, quien junto a sus pares de la región delineó una agenda de reclamos comunes.

El eje transversal de las discusiones en Chivilcoy se concentró en la necesidad imperiosa de actualizar de forma integral la Ley 12.154 de Seguridad Pública. Allí, los mandatarios locales coincidieron en que la normativa posee más de dos décadas de vigencia y ha quedado completamente anacrónica frente a las nuevas demandas sociales, el avance de la tecnología delictiva y las transformaciones demográficas que alteraron la fisonomía de los distritos del interior.

En ese marco, los intendentes de la Cuarta exigieron incorporar herramientas dinámicas que reconozcan el rol preventivo directo que hoy ejecutan los municipios. El tramo más áspero de las mesas de trabajo estuvo vinculado al reparto de los recursos humanos y económicos, donde los jefes comunales plantearon tres exigencias clave al Ejecutivo de La Plata.

En primer lugar, los intendentes impulsaron con fuerza una vieja demanda del interior: que se establezcan mecanismos normativos para que los efectivos recién egresados de las escuelas de policía regresen a prestar funciones a sus ciudades de origen, evitando que el personal formado en los pueblos sea absorbido de forma permanente por las urgencias del Gran Buenos Aires.

En segunda instancia, se reclamó ampliar las instancias de capacitación técnica para los uniformados en funciones y avanzar en planes de reclutamiento que permitan incrementar la dotación de personal disponible en las comisarías y destacamentos rurales de la sección.

Finalmente, las delegaciones comunales advirtieron que los presupuestos locales se encuentran al límite por tener que absorber erogaciones de competencia provincial. En ese marco, exigieron mayores fondos para costear insumos críticos como el combustible para los patrullajes diarios, el mantenimiento mecánico de los móviles y la reparación de la infraestructura edilicia de las dependencias policiales.

Con los reclamos ya sobre la mesa, los intendentes de la Cuarta Sección fijaron una postura sólida de cara a la futura Ley de Seguridad, advirtiendo que la optimización de las tareas preventivas en los pueblos bonaerenses depende directamente de una descentralización real de los recursos económicos y humanos.