Kicillof mete mano en la obra pública: cambios en las reglas de licitaciones, contratos y pagos

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires oficializó una profunda reforma estructural sobre los mecanismos que rigen la infraestructura provincial. A través del Decreto 623/2026, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Axel Kicillof redefinió los criterios administrativos, financieros y operativos para las etapas de licitación, ejecución, modificación y pago de las obras financiadas por las arcas del Estado bonaerense.

La medida, que complementa las disposiciones de la Ley de Presupuesto 2026, busca actualizar la reglamentación de la tradicional Ley 6.021 de Obras Públicas. Según explicaron las autoridades, el objetivo medular es desburocratizar los procesos de contratación, adecuar las normativas a los contextos macroeconómicos y dotar de mayor previsibilidad a las empresas constructoras en un escenario de fuerte repliegue de la inversión federal.

Uno de los puntos salientes de la reforma altera las prioridades a la hora de seleccionar a las empresas contratistas. Si bien el factor económico, el precio cotizado, continuará operando como el eje articulador para definir la propuesta más conveniente, los nuevos pliegos licitatorios quedarán facultados para incorporar factores complementarios de evaluación.

En ese marco, se mensurará con mayor rigor la capacidad técnica, la experiencia empresarial previa del oferente y su solidez económica y financiera, y se integrarán formalmente a los pliegos exigencias y criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental en el desarrollo de los proyectos.

En paralelo, el decreto redefine y delimita las competencias del Consejo de Obras Públicas. A partir de la entrada en vigencia del nuevo texto, este organismo tendrá una intervención estrictamente técnica y previa a los llamados a licitación. Su labor se concentrará de forma exclusiva en la validación minuciosa de los planos, pliegos, viabilidad técnica de los proyectos y la consistencia de los presupuestos oficiales, perdiendo injerencia en las etapas netamente políticas de adjudicación.

El Decreto 623/2026 introduce además un cambio de ingeniería administrativa para los esquemas de contratación directa. El nuevo ordenamiento descarta los antiguos topes fijos y establece una nueva unidad de medida indexada sobre la base del valor del metro cuadrado de construcción. Este indicador de referencia sectorial será actualizado y publicado de manera periódica por la autoridad de aplicación correspondiente.

Por otra parte, la letra chica del decreto ofrece herramientas para mitigar situaciones imprevistas durante la ejecución de los frentes de obra. Regula con precisión la incorporación de nuevos ítems, las ampliaciones de trabajos, las modificaciones de plazos originales y habilita la posibilidad de otorgar prórrogas justificadas a los contratos vigentes cuando existan causales que alteren severamente el plan de trabajo inicial, resguardando siempre el principio de igualdad entre los oferentes.

En el plano financiero y contable, la norma ratifica la obligatoriedad de consignar en cada presupuesto provincial las partidas y créditos suficientes para cubrir las obras plurianuales (aquellas que demandan más de un ejercicio económico). Asimismo, se reglamentaron los canales de pago a proveedores, estipulando que todos los desembolsos e intereses correspondientes deberán canalizarse sin excepciones mediante cuentas bancarias abiertas a nombre de las firmas adjudicatarias. El nuevo esquema aplicará de forma inmediata para todas aquellas licitaciones donde aún no se hayan abierto los sobres de ofertas y alcanzará a los contratos de ejecución en curso.