Después de que el fiscal Diego Luciani solicitara 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, muchos empezaron a manifestar su apoyo a la ex presidenta, entre ellos Alberto Fernández.

Al finalizar los alegatos, Fernández ordenó a sus principales funcionarios que salieran a respaldar a Cristina y después hizo lo propio mediante un comunicado en el que condenó la "persecución judicial y mediática" contra su compañera de fórmula. 

Luego, el presidente habló por teléfono con Cristina y quedaron en reunirse para, según trascendió, ver "los pasos a seguir". En ese contexto, una alta fuente del Gobierno dijo a LPO que Alberto analiza "seriamente" indultar a la vicepresidenta. Se trata de una herramienta legal del Presidente que suele aplicarse luego de una condena y que no requiere que el beneficiado la acepte.

Teniendo en cuenta que dicha herramienta no necesita ser aceptada por el imputado, Alberto podría imponerle el perdón de la pena -no de la culpabilidad- por razones de "paz social", por ejemplo.

Entendiendo el contexto y viendo los incidentes que se dieron frente a la casa de la vicepresidenta, luego de la los alegatos finales, las fuentes del gobierno, sugieren la posibilidad de una escalada de confrontación política si avanza la condena, que en el kirchnerismo leen como un intento de un sector de la justicia de "proscribir" en las elecciones del año próximo.

Sin embargo, de manera paralela a la idea del indulto, en el Frente de Todos comenzaron a analizar si los tiempos que puede llevar la causa en la Justicia pueden ser un obstáculo para una candidatura de Cristina, entendiendo que la eventual condena se produciría entre noviembre y diciembre, luego vendría la apelación ante Casación y si ratifica la condena, ante la Corte Suprema.

Las fuentes afirmaron a LPO que es "imposible" que el máximo tribunal llegue a analizar el caso antes de las elecciones del 2023, por lo que de confirmarse esta hipótesis, Cristina podría competir, por ejemplo, para senadora nacional y si resulta electa no iría a prisión por los fueros, replicando un poco el caso de Carlos Menem.

En diálogo con LPO, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que hay un "apresuramiento" de parte del sistema político ya que todavía no hay una sentencia firme del Tribunal. "Lo único que hizo Luciani hoy fue solicitar condena y cuantificar la pena", dijo Gil Domínguez, que estimó que "con mucha suerte" el veredicto del Tribunal se conocerá en diciembre y meses después se leerán los fundamentos.

En ese sentido, estimó que tras la apelación de Cristina, Casación recién podría tomar el caso en julio. Por eso Gil Domínguez cree que hasta que la causa llegue a la Corte Suprema y se expida el Máximo Tribunal ya habrá terminado el mandato de Alberto. En ese sentido, el abogado consideró que también es apresurado hablar de un indulto de Alberto a Cristina.

Y explicó que el indulto extingue la pena. Es decir, que en caso de beneficiar a Cristina no sólo se salvaría de ir a la cárcel sino que podría ocupar cargos públicos porque también quedaría sin efecto la inhabilitación perpetua que pidió Luciani.