La fiscal federal, Paloma Ochoa, solicitó que se le amplíe la declaración indagatoria al exministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, en la causa en la que se lo investiga por haber dictado en 2018 una resolución que obligaba a los usuarios a compensar a las distribuidoras de gas por los efectos de la devaluación.

Asimismo, se  presentó un dictamen ante la jueza federal, María Servini para que le amplíe la declaración al exfuncionario, beneficiado con una “falta de mérito” en esta causa, tras detectar que al momento de dictar la resolución cuestionada era tenedor de acciones de YPF S.A., controlante a su vez de Metrogas S.A., por lo que debió haberse abstenido de hacerlo.

Para la fiscalía, las decisiones y acciones adoptadas por Iguacel “evidenciaron su interés directo en beneficiar a las empresas distribuidoras de gas, garantizando un ingreso económico extraordinario y fraudulento en perjuicio de usuarios-consumidores y del propio Estado Nacional”.

La fiscal sostuvo que el 4 de octubre, cuando dictó la resolución, Iguacel “decidió deliberadamente violar los deberes y obligaciones” que le correspondían como secretario de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación, dado que tenía en su poder acciones de una empresa que se vería beneficiada con su decisión.

En ese sentido, se expusó que las decisiones y acciones adoptadas por el actual intendente de Capitán Sarmiento “evidenciaron su interés directo en beneficiar a las empresas distribuidoras de gas, garantizando un ingreso económico extraordinario y fraudulento en perjuicio de usuarios-consumidores y del propio Estado Nacional”

“Iguacel incurrió en falsedad al responder el requerimiento que le cursara la Oficina Anticorrupción pues, en sentido opuesto al que a la postre informara, al 31 de octubre de 2018 sí disponía de un conjunto de acciones de YPF S.A.”, sostuvo la fiscal.

El contexto

La fiscal reseño en un escrito que el exfuncionario presentó ante la OA el 13 de agosto de 2019 su declaración jurada patrimonial integral correspondiente al año 2018 donde, según la investigación judicial, volvió a incurrir en la misma presunta falsedad.

Tras haber analizado su declaración jurada del año 2016, la OA le había ordenado y notificado que debía “abstenerse de tomar intervención, en su gestión pública, en cuestiones particularmente relacionadas con las empresas en las que tenga participación societaria, en particular YPF S.A.”.

El 4 de diciembre de 2018 de Iguacel informó a la OA que el 31 de agosto de 2018 había procedido a la venta de la totalidad de las acciones que poseía de YPF S.A., “afirmación que también resultó ser falsa, pues tanto al 31 de octubre de 2018 -fecha que invocara en la respuesta-, como así también al 4 de diciembre de 2018 -fecha de la respuesta-, tenía un conjunto de acciones” de esa empresa, según se desprende del dictamen fiscal.