La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en sus manos decidir sobre una enorme cifra que el Gobierno le recortó a CABA por el traspaso de la Policía, a la Provincia de Buenos Aires. Desde la oposición consideran que habrá que ver si Nación lo compensa, en caso de un fallo contrario. Unos y otros coinciden en que, de favorecer a Larreta, deberá modificarse la "ley de leyes".

En la Casa Rosada tomaron con cierto alivio que la Corte Suprema no haya dado a conocer su decisión acerca de un tema que ocupa y preocupa sobremanera al oficialismo. El máximo tribunal tiene en sus manos el destino de más de 200.000 millones de pesos que el Gobierno nacional le sacó a Horacio Rodríguez Larreta, lo que provocó una acción judicial por parte de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras el oficialismo opera para frenar un fallo y postergarlo hasta el año próximo, en La Plata rezan. De concretarse el fallo, puede ser grave impacto que podría tener esa pérdida en las arcas de la gestión de Axel Kicillof.

En Gobernación  consideran que lo que podría perder la administración provincial se acercaría a la mitad de todos los recursos que la Nación podría girarle en concepto de transferencias discrecionales, y en un año electoral.

No solo el ministro de Hacienda, Pablo López, espera ansioso la resolución judicial. También los legisladores del Frente de Todos y los opositores creen que un fallo negativo en este momento haría cambiar las perspectivas y, con seguridad, repensar el proyecto de Presupuesto 2023.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal, por el que la Provincia recibirá el año próximo unos $ 2,9 billones por parte del Estado nacional, es una de las principales fuentes de financiación para la administración bonaerense.

Fue creado en 2020 luego de una protesta de la Policía bonaerense, tras lo cual el presidente Alberto Fernández dispuso, por decreto, restablecer el 1,4% de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que Mauricio Macri había llevado al 3,75% (y luego a 3,5%) para compensar el traspaso a CABA de la Policía.