Axel Kicillof se puso en sintonía con el Gobierno naccional para exponer los accionares de la "mafia judicial" y realizó una denuncia penal contra dos de los mayores involucrados en el escándalo de los chats filtrados entre funcionarios del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, fiscales, y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En medio de la fuerte disputa existente entre el oficialismo contra el Poder Judicial y Juntos por el Cambio, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó una denuncia formal contra Silvio Robles, vocero de la Corte Suprema y Marcelo D'Alessandro, Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ante los tribunales federales de La Plata por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia radica luego de los escándalos en torno a los viajes a Lago Escondido, donde participaron miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, funcionarios del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales (Juan Bautista Mahiques) y miembros del Grupo Clarín, sumado a los chats que revelan las maniobras judiciales y el conflicto en torno a la Coparticipación. Además de la condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en torno a la Causa Vialidad.

Desde Gobernación redactaron un duro comunicado donde expresaron: “La Provincia acaba de presentar ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro por conductas que configurarían, entre otros, los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Luego apuntaron contra la Ciudad de Buenos Aires por los recursos de coparticipación: “Nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, continuaron.

Para culminar, resaltaron: “Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la Provincia de Buenos Aires”.