El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y dirigentes de la CGT se habrían reunido, durante la semana pasada, en forma reservada para hablar sobre un reclamo del gobierno porteño a las obras sociales, aunque terminaron hablando sobre la reforma laboral que pretende aplicar si llega a ser Presidente. El candidato presidencial les explicó que quiere impulsar cambios en la legislación laboral a través de la negociación de los convenios colectivos entre empresarios y sindicalistas, según pudo saber BUENOS AIRES NOTICIA.

Del encuentro, que se realizó la semana pasada en el Sindicato de Sanidad, participaron Larreta, el economista Hernán Lacunza y el subsecretario de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Jarvis, y los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) más los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (Seguro), quienes representan al sector mayoritario de la central obrera.

Allegados al larretismo aseguran que la reunión fue solicitada por la cúpula cegetista a raíz del reclamo del gobierno porteño de una deuda de unos 600 millones de pesos por los testeos y la atención a afiliados de obras sociales sindicales en hospitales públicos durante la pandemia. Ambos sectores coincidieron en la preocupación por la inflación, el aumento de precios y la estampida del dólar, temas en los cuales Lacunza hizo un duro diagnóstico, con datos que llevó en una carpeta.

“Tranquilos, no voy a romper el sistema”, les habría asegurado el jefe de Gobierno cuando los dirigentes comenzaron a pedirle precisiones sobre su propuesta de modernizar la legislación laboral, según lo sostuvieron allegados del gremio. En principio, dijo Larreta, la idea es comenzar a hablar de “actualizar” las leyes y no de “reforma laboral”, concepto demonizado por el sindicalismo y el peronismo en los últimos años. Y garantizó que se propone “generar acuerdos a partir del diálogo” con la CGT.

Distintas fuentes sostienen que una de las medidas que Larreta les anticipó fue la creación de un nuevo sistema de multas judiciales por trabajo mal registrado o no registrado, que implica una modificación de la Ley 24.013 de Empleo: apunta a un esquema de multas más “previsible”, que serán calculadas sobre la base de un 50% del salario mínimo y cuyo destino final será el sistema solidario de seguridad social en lugar de beneficiar más a los abogados y favorecer a “la industria del juicio”.

Además, el jefe de Gobierno ratificó que mantendría sin cambios el sistema de negociación colectiva, un punto que el sindicalismo peronista considera sagrado porque allí mantienen la facultad de discutir y acordar salarios y condiciones de trabajo con los empresarios de cada actividad. Sobre este tema, Larreta prometió que no se tocará la ultraactividad (es decir, la prórroga automática de la vigencia de los convenios colectivos), pero sí se impulsarán acuerdos sectoriales entre sindicatos y cámaras empresariales para actualizar sus contenidos.

Los gremialistas escucharon con atención al precandidato a presidente cuando les contó que está pensando en un esquema de formación para el empleo que puede un puente muy útil de los planes sociales hacia el empleo. La iniciativa, les dijo, apunta a federalizar “agencias de empleabilidad” que, con aportes privados, puedan traccionar una especie de seguro de desempleo para contener a sus beneficiarios mientras se capacitan y consiguen trabajo.

Uno de los puntos de la propuesta laboral de Larreta en los que la CGT se mostró en desacuerdo fue la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que empresarios y sindicalistas acuerden en sus convenios sistemas indemnizatorios propios para cada actividad, al estilo del Fondo de Cese Laboral de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y con puntos de contacto con la propuesta del empresario textil Teddy Karagozian: un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) que actúe como una “mochila” de protección para los trabajadores en caso de ser despedidos.

Precisamente a esta reforma se la conoce como “mochila argentina” porque sigue el concepto de la “mochila austríaca”, que es como se llama un sistema similar en Austria. La idea es bien vista por el larretismo y la UCR para beneficiar a sectores de alta rotación laboral y elevada litigiosidad, como la hotelería, la gastronomía, el comercio minorista, maestranza o vigiladores privados. Algunos sindicalistas admiten en privado que analizan un sistema de esas características para tratar de recuperar fuentes de trabajo que se perdieron en la pandemia, pero temen revelarlo para no recibir críticas de sus pares.

Cabe destacar que allegados al PRO y a las filas sindicales expresaron que la difusión del encuentro les generó conmoción, ya que les resultó inesperada. Si bien la CGT también quiere reunirse con Patricia Bullrich, el larretismo temería que el contacto reservado se convierta en un tema de la interna opositora. En la central obrera, donde comenzó el operativo para apoyar la postulación de Sergio Massa, reivindican la charla con Larreta y con cualquier otro candidato, aunque algunos sindicalistas exigen algo: que los encuentros sean públicos y no secretos.