En el marco de los embargos judiciales impulsados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) y el estado de emergencia de las cooperativas eléctricas bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof le dio un respaldo a los referentes del sector para seguir adelante.

“Las cooperativas eléctricas son fundamentales para brindar energía allí donde el mercado no ve un negocio rentable”, aseguró el mandatario sobre la deuda que estas entidades mantienen con Cammesa, la cual es de $490.925 millones.

En ese sentido, desde el gobierno provincial ratificaron su compromiso para acudir a la Secretaría de Energía de la Nación y “evitar que se ponga en riesgo el servicio”. Kicillof agregó: “Vamos a defenderlas porque son un actor central para la producción, el bienestar y la calidad de vida en buena parte del territorio provincial”.

Por lo tanto, el gobernador firmó un convenio con las autoridades de las seis federaciones de cooperativas (APEBA, FACE, CRECES, FICE, FEDECOBA y FECOOSER), junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

Además, durante su discurso en la Asamblea Legislativa, Kicillof arremetió: “El gobierno nacional resolvió en estos últimos días un tarifazo que todas las provincias se ven forzadas a trasladar a los usuarios. La quita de subsidios y aumento de los ingresos de las empresas de distribución eléctrica ya implicó aumentos para los hogares que llegan al 200% y para pequeños comercios e industrias al 390% en el AMBA”.

“Además, Nación presiona a las distribuidoras provinciales a regularizar inmediatamente sus pagos, incluso embargando a las cooperativas. Esto obliga a todas las provincias a realizar aumentos tarifarios de similar magnitud para afrontar los pagos al mercado mayorista de energía. Los hogares de ingresos medios y bajos van a multiplicar hasta cinco veces sus facturas de luz y gas”.

Por su parte, los organismos afectados informaron: “El gobierno nacional ha decidido embargar a pequeñas cooperativas de la provincia, las cuales representan el 12% de la deuda total, mientras que no se realiza medida alguna contra las distribuidoras federales, mostrando una clara discriminación hacia los usuarios bonaerenses”.

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó una demanda para que la empresa y las cooperativas eléctricas bonaerenses garanticen en forma ininterrumpida la continuidad del servicio eléctrico, así como también las mismas se comprometieron a generar los mecanismos necesarios para evitar el corte del servicio.