Hace poco tiempo el intendente de Azul, Nelson Sombra (Unión por la Patria), decretó la emergencia administrativa, económica y financiera del gobierno local. Sin embargo, la medida es resistida por los sindicatos municipales, quienes tomaron medidas de retención de tareas, protestas, y acciones en el ministerio de Trabajo.

En esa línea, el intendente convocó a los gremios SOEMPA, ATE y STMA para intentar explicar, nuevamente, cuál es la “realidad económico financiera del municipio, el sentido de las medidas que se adoptaron para paliar una situación grave y reiterar que sin las mismas sería imposible el pago de los salarios de los trabajadores, garantizar insumos y materiales necesarios para el trabajo y asumir compromisos de pago con proveedores" dijeron desde el Ejecutivo.

De esta manera Sombra resaltó que asumió la adopción de “medidas que son dolorosas” dado que “no existen alternativas concretas que permitan remediar las cuentas del municipio”. “La crisis no fue generada por esta gestión, viene de hace mucho tiempo, es estructural y se ve agravada por el contexto económico y social, que se impone desde el Gobierno Nacional", sostuvo.

Ante los dirigentes sindicales, el jefe comunal admitió algo inquietante: "De no tomar estas decisiones, el resultado sería inevitable: la quiebra del municipio". Sin embargo, según explicaron desde la comuna existe, por parte de los representantes gremiales, “una falta de comprensión de la crisis que se viene describiendo".

Según señalaron, únicamente el gremio SOEMPA (que es de los minoritarios) propuso la donación de parte del 1% que reciben como aporte patronal, durante los seis meses de vigencia del Decreto. En ese caso, de plegarse los demás sindicatos representaría un ahorro de "11 millones de pesos mensuales, que es abonado con aportes de toda la comunidad y se suma a los que realizan sus afiliados".

Además, aseguran que "las medidas de fuerza adoptadas por los sindicatos, que consisten en la retención de tareas, ilimitada y sin ninguna distinción, en algunos sectores excede el marco legal, porque afecta servicios públicos, esenciales y en definitiva a la comunidad".

Cabe destacar que desde los gremios aseguran que tienen "una forma distinta de entender el diálogo”. “Nosotros entendemos que es un ida y vuelta y que hay que tener propuestas y contrapropuestas. Y este Ejecutivo tiene como metodología del diálogo la imposición y el autoritarismo. Ellos te cuentan lo que van a hacer, te cuentan lo que hicieron y las opiniones en este caso no cuentan y así es muy difícil y dentro de los ámbitos de la política o del Ministerio de Trabajo no se ha podido llegar a ningún acuerdo", lamentó el titular del STMA, Luciano Varela.

A su vez, contradijo los dichos del municipio sobre la paralización de servicios claves: "Los esenciales están todos cubiertos e inclusive el Ministerio de Trabajo le refrescó en la audiencia al abogado del municipio cuales son los servicios esenciales. En todas las áreas esenciales nos hemos ocupado para que sigan funcionando normalmente".

Por otra parte, desde ATE dieron a conocer un comunicado con el que apuntaron contra la reducción de la carga horaria a 40 horas semanales y su impacto en los salarios: "Algunos de los trabajadores afectados cuentan con más de 20 años de antigüedad lo que nos hace pensar que hay un derecho adquirido afectado". "La discusión no debiera centrarse en el horario a cumplir sino que pretenden una reducción salarial del 20% para el 65% de todo el plantel municipal”, concluyeron.