Durante la sesión de este jueves, el Senado de la Provincia de Buenos Aires, que conduce la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, aprobó la modificación al régimen jubilatorio del Banco Provincia y también el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RIGI bonaerense), ambas iniciativas enviadas por Axel Kicillof.

En ese sentido, el RIGI bonaerense apunta a la creación de empleos de calidad, el desarrollo de proveedores locales, la transferencia de tecnología, el impulso de las exportaciones y la reducción de desequilibrios territoriales.

Con este nuevo marco regulatorio, se priorizarán iniciativas que abarquen la generación de nuevos procesos productivos; la construcción de plantas o ampliaciones de instalaciones ya existentes dentro de los sectores vinculados a servicios, industria manufacturera, o de uso intensivo de recursos naturales; y proyectos considerados estratégicos.

De acuerdo al proyecto, las propuestas aprobadas serán beneficiadas con exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos. Los proyectos con inversiones desde US$5 millones hasta US$50 millones podrán acceder a un 30% durante cinco años; mientras que para aquellos que alcancen inversiones de entre US$50 millones y US$200 millones, el beneficio será del 25% durante cuatro años. En el caso de las inversiones superiores a los US$200 millones, la exención será del 20% durante tres años.

Asimismo, podrán obtener beneficios adicionales por sobre esas exenciones aquellos proyectos que incrementen el empleo, permitan la sustitución de importaciones; potencien la innovación tecnológica; o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales.

Por otro lado, el proyecto de la modificación del régimen jubilatorio del Banco Provincia restituye el 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios de los trabajadores del Banco Provincia y el 75% para las pensiones. También restablece la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres al eliminar la normativa que igualaba a ambos géneros en 65 años.

A su vez, la iniciativa repone derechos que garantizan e incrementan la fuente de financiamiento y, en consecuencia, proyecta una reducción del déficit en relación con la derogada ley Nº 15.008 aprobada en 2017 durante la administración de María Eugenia Vidal.