Este viernes se conoció la decisión de Axel Kicillof de que la provincia de Buenos Aires no se sume al blanqueo de capitales que impulsa Javier Milei. En ese sentido, la negativa le brinda a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) la facultad para cobrar los impuestos provinciales que podrían esquivar algunos de los contribuyentes que se hayan lanzado a “lavar” sus activos bajo el amparo del esquema nacional.

Cabe destacar que la provincia no es ajena a las condonaciones fiscales ya que en el añp 2017, cuando María Eugenia Vidal estaba al frente de la provincia, incluyó un blanqueo dentro de su ley impositiva. Ahora el resto de las provincias todavía está terminando de definir sus posturas. De momento, Santa Fe aplicará una tasa del 2% para cifras superiores a los u$s 100.000, un porcentaje que destinará para beneficios a los contribuyentes que estuvieron al día. Neuquén, por su parte, impondrá una alícuota progresiva de entre 0,75% y 1,25%. Salta fue más allá y estableció una tasa del 10% sobre lo tributado a Nación. A su vez, Mendoza se plegó sin pedir un solo centavo extra.

La falta de adhesión de Buenos Aires al blanqueo nacional le permite ahora a ARBA reclamar los impuestos potencialmente evadidos por aquellos que ingresaron al Régimen de Regularización de Activos de Javier Milei. Las deudas incluyen los tributos sobre actividad, sellos, ingresos brutos, e incluso bienes patrimoniales que no habrían sido declarados, como propiedades.

Cabe destacar que ARBA podría acceder a datos de los contribuyentes mediante los convenios de colaboración con la ex AFIP, aunque, por el momento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no envió información, y Milei sugirió que podría “borrarlos” de las bases en forma de amenaza.