La semana pasada el proyecto de Presupuesto 2025 de Axel Kicillof tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, el PRO y los radicales aliados a Maximiliano Abad buscarán eliminar los poderes que tiene el gobernador y que son propios de la Legislatura.

Acorde a lo trascendido en medios bonaerenses, la intención de los bloques opositores es suprimir la posibilidad de que Kicillof tenga las facultades para modificar alícuotas y valuaciones fiscales. A su vez, exigirán que los descuentos por pagos adelantados y electrónicos que establece la Agencia de Recaudación bonaerense (Arba) queden fijados por ley.

Por otro lado, en la Legislatura corre el rumor de que el PRO también busca reducir la duración de las emergencias que el gobernador incluye en la negociación del presupuesto. Entre ellas, la emergencia económica, productiva, y energética (Ley 15.165); emergencia en seguridad (14.806); emergencia en Infraestructura (Ley 14.812) y emergencia Administrativa (Ley 14.815).

Hay que destacar que desde la asunción de Kicillof en 2019 gobierna con emergencias que vota la Legislatura para así poder avanzar con compras y licitaciones esquivando la burocracia del Estado bonaerense. En ese sentido, estas emergencias suelen tener un plazo de un año y se discuten junto con el paquete de leyes que conforma la negociación por el presupuesto.

Es por esto que desde el gobierno bonaerense están tratando de levantar puentes con el radicalismo que responde a Facundo Manes y a Martín Lousteau y con los libertarios “dialoguistas” para que el Presupuesto 2025 sea aprobado.

Sin embargo, el PRO y los abadistas decidieron no ir al asado al que los invitó el presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, donde el oficialismo buscó un acercamiento inicial con la oposición para conseguir los votos necesarios para el Presupuesto.