Los senadores del PRO de la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para suspender la aplicación del Capítulo I de la Ley 14.086, la cual regula el sistema de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (EPAOS), para el año 2025. En ese marco, la medida tiene que ver con la necesidad de redirigir fondos públicos hacia áreas prioritarias, como seguridad y educación.

Los autores de este proyecto, Aldana Ahumada, Alejandro Rabinovich y Christian Gribaudo destacaron que el sistema, implementado en 2009, fue concebido para democratizar la selección de candidatos y fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que este mecanismo no ha logrado su objetivo, sino que ha generado distorsiones en la vida interna de los partidos políticos, debilitándolos y limitando la pluralidad democrática.

“Desde el Bloque de Senadores del PRO sostenemos que las EPAOS han resultado en un gasto excesivo para la provincia. Se estima que cada contienda primaria insume más de cincuenta mil millones de pesos, una cifra inaceptable en el actual contexto económico y social. La suspensión permitiría reasignar estos fondos a sectores críticos que requieren atención urgente”, aseguraron en el proyecto.

En ese marco, según estudios recientes, aseguraron que la mayoría de los partidos políticos han optado por no dirimir sus internas a través de este mecanismo. En la práctica, las EPAOS no han sido determinantes en la definición de candidaturas a nivel provincial, lo que refuerza la necesidad de revisar su continuidad.

De esta forma, la propuesta del PRO apunta a redirigir los recursos públicos hacia áreas prioritarias. La seguridad, con un crecimiento alarmante de los índices delictivos, y la educación, con deficiencias estructurales en las escuelas y dificultades para garantizar salarios docentes adecuados, son sectores que requieren una inversión inmediata.

“Desde el Bloque de Senadores del PRO instamos a los demás legisladores a acompañar esta iniciativa, que representa una decisión responsable en la administración de los recursos públicos y un paso hacia un sistema electoral más eficiente”, concluyeron los legiladores.