A principios de marzo, un legislador de la Provincia de Buenos Aires presentó una denuncia penal contra el gobernador Axel Kicillof y Javier Alonso, ministro de Seguridad provincial, por presunto perjuicio de la administración pública por comprar patrulleros con un costo que “duplicaría los valores” reales.

En ese marco, en la demanda del diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) se acusa al gobernador bonaerense y a su ministro de Seguridad de cometer un “fraude” a la administración pública. “Vengo a formular denuncia penal por la posible comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 C.P.), incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 C.P.), exacciones ilegales (art. 266 C.P.) y/u otro delito que pudiera configurarse, en consumación o en grado de tentativa”, se detalla en la demanda.

Además, el documento destacar que el Ministerio de Seguridad bonaerense adquirió, mediante una compra directa en la concesionaria Stampa Automotores S.A., 12 automóviles Fiat Cronos 1.3 GSE por un valor unitario de $56.416.566,26 durante el martes 21 de enero del corriente año.

Según trascendió en los medios bonaerenses, la compra de los 12 automóviles se hizo mediante una factura B, que es emitida un responsable inscripto al consumidor final o a los sujetos exentos en el IVA y que cuenta con el aval de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Asimismo, se pudo saber que el precio de base de dicho vehículo se encuentra en $26.823.000 en marzo de este año. En esa línea, fuentes de la empresa aseguraron que las concesionarias pueden aumentar el valor del auto hasta un 20%. Sin embargo, si se toma el porcentaje mencionado, el precio por cada Fiat Cronos 1.3 GSE sería de $32.187.600, una cifra completamente diferente a la que informaron desde La Plata hace algunos días atrás.

En ese sentido, la concesionaria Stampa Automotores S.A. no realiza ningún tipo de servicio para agregarle accesorios que convierta al vehículo en un patrullero policial. Tan solo se encarga de colocar repuestos originales FIAT y de agregados como cestos para mascotas o un soporte de bicicleta para el techo.

Por tanto, queda bajo sospecha un posible “sobreprecio” en la compra de los vehículos por parte del gobierno bonaerense, dado que el monto facturado muestra un sobreprecio cercano al 140%.

Sin embargo, hay quienes sostienen que el costo de los blindajes de los patrulleros es lo más caro como así también los cristales blindados, el kevlar en las puertas, la reja de seguridad, las balizas, el equipo de radio, el equipo localizador y la cámara. Aun así, ninguno de estos agregados figura en las boletas de compra que se lograron ver desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Cabe destacar que esta posible irregularidad generó que el diputado Bugallo solicite a la Justicia que investigue la operación de compra y analice las facturas emitidas por la concesionaria junto con el expediente administrativo del Ministerio de Seguridad. La denuncia quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) N°16 de La Plata, a cardo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Según trascendió, el Fiscal pidió los requerimientos institucionales necesarios para seguir con la investigación para ver si hubo un delito o no. El Ministerio de Seguridad tiene que enviar a la UFI los expedientes de compra y la documentación requerida y, si bien no tiene un plazo estipulado de tiempo, aún no hubo ninguna documentación entregada a la Justicia. A su vez, la Justicia tiene que investigar de qué forma se hizo la compra, dado que no hubo un llamado a licitación.