Esta semana se encendió la polémica en el municipio bonaerense de Chascomús, que dirige el intendente Javier Gastón, luego de que un empresario denuncie por “abuso de poder” y “estafa” al gobierno chascomunense, en relación con la adjudicación del Edificio del Turista. Acorde a la acusación del inversor, el municipio omitió elevar la propuesta del empresario al concejo, y directamente concedió el inmueble a otras compañías.

El denunciante, que había presentado una propuesta formal para invertir en el Edificio del Turista, denunció graves irregularidades en la adjudicación del inmueble por parte del Departamento Ejecutivo a través del Decreto 216/2025.

En la nota dirigida al presidente del concejo local, Andrés Sanucci, el empresario asegura que el Ejecutivo se arrogó facultades que no le corresponden, vulnerando la Ordenanza 5867/2024, que expresamente otorga al Concejo el poder indelegable de convalidar o rechazar las propuestas recibidas.

Acorde al relato, el Ejecutivo no solo omitió su función de elevar la propuesta al Concejo, sino que impugnó su oferta sin derecho a réplica, adjudicando directamente la concesión a las empresas GyC Construcciones y La Continuidad SA, en lo que califica como un acto administrativo nulo, arbitrario y viciado de ilegitimidad.

En ese marco, el denunciante afirma que su empresa cumple con todos los requisitos legales y estatutarios, y que durante todo el proceso recibió confirmaciones de que sería convocado por el Concejo para defender su propuesta. Sin embargo, denuncia haber sido desplazado sin explicación, en lo que podría constituir un caso de "adjudicación previamente acordada" y un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo a los principios del derecho administrativo, el escrito remarca que se ha cometido un “desvío de poder”, al haber accionado el Ejecutivo que comanda el intendente Gastón, decisiones ajenas al interés público. Además, advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones legales para solicitar la nulidad del decreto y reclamar daños y perjuicios por los perjuicios sufridos, tanto materiales como morales.

“Sería muy triste confirmar que mi voluntad de inversión fue burlada y que me usaron para legitimar una adjudicación ya acordada”, expresó con dureza. Cabe destacar que el inversor pidió al Concejo local que no convalide el decreto, para evitar una escalada de la situación y se pase al plano judicial, por intermedio de una demanda.