Mientras la Justicia Federal avanza con allanamientos a municipios, universidades y empresas privadas, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires sigue sin dar respuesta sobre la legalidad de miles de multas de tránsito. Según resaltaron distintas fuentes a este medio, en el centro de esa parálisis está Jorge Orzali, director provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa, al que muchos apuntan como “el funcionario que no firma, no responde y no actúa”, pese a tener en sus manos la decisión más importante del conflicto.

Orzali es Licenciado en Seguridad e Higiene, sin antecedentes conocidos en gestión de tránsito, pero su firma es la que debe definir si las fotomultas emitidas a través de convenios con universidades como la UTN y la UNSAM, y ejecutadas por empresas como Secutrans y Tránsito Seguro S.A. y CECAITRA, son válidas o deben ser declaradas nulas.

Expedientes frenados y un silencio funcional

Según pudo reconstruir este medio, los expedientes se apilan. La documentación que analiza la Justicia incluye formularios con CBU irregulares, beneficiarios sin vínculo contractual, subcontrataciones prohibidas por ley y actas emitidas sin notificación válida ni control técnico.

Entre los elementos más resonantes figura el caso de más de 200 radares ilegales que el propio Orzali denunció en la UFI N° 11 de La Plata. Pese a esto, no emitió ninguna resolución administrativa sobre su validez ni exigió su desactivación. Fuentes judiciales aseguran que el fiscal podría intimarlo a resolver bajo apercibimiento de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Y muchos apuntan a que el Ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, tampoco lo presiona.

Eduardo Feijoo, el otro nombre clave

Junto a Orzali, el otro responsable directo de que el sistema de fotomultas aún no haya sido intervenido es Eduardo Feijoo, subsecretario de Política y Seguridad Vial. De perfil técnico, Feijoo proviene del mundo del automovilismo y del sector frigorífico, sin trayectoria conocida en políticas públicas de seguridad vial, destacan las fuentes consultadas.

Ambos -Orzali y Feijoo- fueron parte de la estructura que validó convenios con universidades, autorizó radares y gestionó el sistema de infracciones hoy en crisis. Sin embargo, no emitieron dictámenes ni resoluciones, ni atendieron los pedidos de revisión de municipios e intendentes.

Una causa judicial que ya tiene nombres y empresas

El avance judicial no se detiene. Ya se realizaron allanamientos a Tránsito Seguro, Secutrans, la UNSAM, la Fundación UNSAM, la UTN y también a CECAITRA, la cámara empresaria que agrupa a los principales operadores del sistema de radares.

El caso CECAITRA es paradigmático: actas cargadas en sistema oficial con cinemómetros sin autorización, y vínculos cruzados entre funcionarios y técnicos de universidades. En la UTN de La Plata, incluso, empleados de CECAITRA firmaban convenios como representantes académicos y empresariales al mismo tiempo. En el caso de Transito Seguro investigas supuestos casos similares la justicia federal de San Martin.