Recientemente el bloque de diputados kicillofistas presentó un proyecto en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para expresar su repudio al Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos anunciado por el presidente Javier Milei, que tiene como objetivo ingresar los “dólares del colchón” al sistema financiero local.

En ese marco, la iniciativa fue impulsada por el diputado bonaerense de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, y advierte que la medida de la administración libertaria vulnera compromisos internacionales suscriptos por la Argentina, además de fomentar la circulación de dinero ilícito, como el proveniente del narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas.

De esta manera, Pulti plantea que el plan no está dirigido a los trabajadores ni a los ahorristas comunes que mantienen sus ahorros fuera del sistema bancario, sino que apunta a legalizar capitales provenientes de delitos complejos. Por eso, señaló que con la iniciativa el Gobierno nacional “abre la puerta al crimen organizado” con un entramado normativo que desmantela los mecanismos de control de trazabilidad financiera.

Cabe destacar que la crítica de los kicillofistas gira en torno al decreto 353/25, firmado por Milei y sus ministros, que elimina distintos regímenes de información financiera como los controles sobre consumos con tarjetas, transferencias, compra de inmuebles y tenencias en sociedades de bolsa, pero se elevan sustancialmente los montos mínimos que deben ser informados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otros organismos de control.

Acorde a lo que detalla el proyecto de declaración de Pulti, el Ejecutivo pretende reemplazar los sistemas de control por una recomendación a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que eventualmente adapte su normativa, lo que significa un retroceso grave en el cumplimiento de los estándares fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual Argentina forma parte, y que podrían derivar en sanciones internacionales.

“El Gobierno dice que quiere liberar los dólares del colchón, pero lo que busca realmente es facilitar el ingreso de fondos ilegales que, una vez instalados, socavan la democracia, la seguridad y la soberanía nacional”, sentenció Pulti que también alertó que este tipo de medidas generan ventajas para el crimen organizado y podrían derivar en un “Estado financiado por capitales espurios”.

En ese marco, el legislador trazó paralelismos con la provincia de Santa Fe, donde el narcotráfico adquirió una fuerte presencia, y recordó que esa jurisdicción lanzó recientemente un programa antilavado para combatir la violencia financiada con dinero del crimen organizado, en contraste con lo que propone el Gobierno nacional.

Cabe destacar que la iniciativa busca que la Cámara de Diputados bonaerense rechace formalmente el plan del Ejecutivo nacional por considerarlo “riesgoso y contrario al interés de la mayoría de la población”.

A su vez, Pulti aseguró que permitir transacciones de hasta 50 millones de pesos sin justificación no solo “resulta incongruente con la realidad económica del ciudadano promedio, que percibe un salario mínimo de 308.000 pesos”, sino que es una clara muestra de que las medidas del Gobierno nacional no están destinadas a beneficiar a la clase trabajadora.

“Naturalizar movimientos financieros millonarios como si fueran parte del giro normal de cualquier trabajador es un disparate. Lo que buscan es legalizar dinero sucio para sostener un programa económico que está en crisis”, explicó el diputado.

En ese marco, aseguró que este blanqueo es parte de un modelo liberal que no tiene en cuenta al pueblo y que, por el contrario, lo condena al atraso, la pobreza y la violencia: “Si no reaccionamos, estos capitales se infiltran en la política, en la burocracia, en la Justicia. Y con eso se rompe definitivamente nuestro sistema democrático”.

Por otro lado, el proyecto de Pulti sostiene que los verdaderos objetivos del Gobierno no son los ahorros familiares guardados en dólares, sino “atraer flujos financieros ilícitos” para sostener su plan económico sin recurrir al endeudamiento o la recaudación tradicional. Por eso, el legislador pidió que la Cámara baja provincial acompañe la declaración para frenar “un esquema deliberado de destrucción institucional”.