miércoles 04 de junio de 2025 - Edición Nº2373

Provincia | 2 jun 2025

Fiscalización de rutas

Kicillof frena el intento privatizador impulsado por el Ministerio de Transporte bonaerense

Una severa controversia de desató en la administración bonaerense por empresas que quieren quedarse con el sistema de fiscalización y contralor vial de la Provincia.


El intento de imponer a la firma Plein Air Park S.A. como concesionaria del sistema de fiscalización y contralor vial en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte crisis política dentro del oficialismo bonaerense. La maniobra, promovida por el ministro de Transporte, Martín Marinucci con el respaldo de su líder político, Sergio Massa, y –según pudo saber BAN- gestada en una reconocida parrilla de Figueroa Alcorta, fue abruptamente congelada por el gobernador Axel Kicillof, quien decidió frenar cualquier avance hacia una nueva privatización en áreas sensibles del ministerio.

Un conflicto que sacudió al gabinete

Según distintas fuentes consultadas por BAN, el escándalo estalló cuando se conoció que Plein Air Park -empresa vinculada a la familia Neuss y con presuntos lazos con el PRO y el entorno del presidente Javier Milei- buscaba quedarse con el negocio de las balanzas, radares y sistemas de fiscalización en rutas provinciales. Dato no menor, la firma -según contaron- fue parte del esquema del cuestionado acarreo vehicular en CABA y ha sido históricamente señalada por su cercanía al poder desde los años noventa.

La estrategia habría comenzado con la instalación del nombre de la empresa bajo la gestión de Marinucci, quien habría dado continuidad a la iniciativa que se originó durante el mandato de Jorge D’Onofrio, también alineado al massismo.

Según fuentes cercanas a la Gobernación, ya circulaba la versión de que la firma contaba con el respaldo de Kicillof.

Sin embargo, este medio pudo saber que la presión de asesores, intendentes, sectores gremiales y la exposición mediática del entramado empresarial y político detrás del proyecto forzaron al gobernador a tomar distancia. Fuentes de Casa de Gobierno aseguran que Kicillof “no está dispuesto” a permitir la intromisión de Santiago Caputo -operador de Milei y amigo personal de los Neuss- ni a ceder el control de áreas clave a actores con antecedentes en modelos privatistas.

Quiénes son los Neuss

La familia Neuss es un nombre recurrente cuando se habla de negocios con el Estado desde la década del ‘90. Jorge Neuss, empresario vinculado al menemismo, consolidó su poder a través de concesiones y vínculos políticos, que hoy continúan sus hijos. Su conglomerado fue parte del esquema de privatización de servicios públicos que caracterizó al neoliberalismo en Argentina.

Entre las empresas del grupo figuran: Harz Energy, Edersa, Plein Air Park, Northern Estates Corporation (NY), Neuss Real Estate, Neuss Agropecuaria, Haras La Lucila, Bodega Cerro Colorado y Neuss Capital, un fondo de inversión enfocado en startups y concesiones tecnológicas para el Estado.

En los últimos años, los Neuss se acercaron al PRO y recientemente a sectores alineados con Milei. Incluso se los vio en actos de la Fundación El Faro, espacio ideológico de la nueva derecha libertaria. La intención de Plein Air Park de ingresar al sistema vial bonaerense —con el respaldo político del massismo— encendió todas las alarmas en La Plata.

A pesar de sus antecedentes, ya habían desembarcado en la Provincia de Buenos Aires a través de la empresa VTV SUD, concesionaria de la verificación técnica vehicular, presidida por Germán Jorge Neuss, CEO de Neuss Capital.

Kicillof frena y revisa todo

Ante el avance del escándalo, el gobernador Axel Kicillof decidió frenar el proceso, congelar los expedientes y revisar en detalle los intereses empresariales detrás de cada nuevo oferente. Incluso se discutió la posibilidad de activar un “plan de contingencia” para reemplazar a los actores actualmente investigados por la Justicia Federal, como Secutrans S.A., Tránsito Seguro S.A., CECAITRA, la UNSAM y la UTN, en el marco del sistema de fotomultas.

Por el momento, el Ministerio de Transporte bonaerense no emitió nuevas resoluciones, no convocó licitaciones y tampoco se ha expedido sobre las nulidades de actas reclamadas por municipios como San Isidro o Mar del Plata.

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