Este martes el diputado de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Castello, envió un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para prohibir las candidaturas testimoniales considerando que se trata de una “estafa a la ciudadanía” que vulnera el principio de representación democrática y distorsiona el sistema republicano.

En ese marco, propuso introducir mecanismos legales que impidan a funcionarios electos renunciar a sus cargos para asumir otros durante el mandato para el cual fueron votados. El proyecto se da en medio de la campaña para las elecciones legislativas de este 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, donde se votarán diputados, senadores, consejales y consejeros escolares.

LAS CANDIDATURAS TESTIMONIALES SON UNA ESTAFA
Es verdad que no hay normas que las prohíban, pero violan el espíritu del sistema republicano: la representación democrática.
Por eso presentamos un proyecto de ley para prohibir este fraude escandaloso a la voluntad popular. pic.twitter.com/MbQEAaIZ73

— Guillermo Castello (@grcastello) August 5, 2025

El legislador difundió la iniciativa en las redes sociales y envió un mensaje directo al peronismo: “Las candidaturas testimoniales son una estafa. Es verdad que no hay normas que las prohíban, pero violan el espíritu del sistema republicano que es la representación democrática”.

En ese marco, el diputado bonaerense oriundo de Mar del Plata enfatizó que presentó el proyecto de ley para “prohibir este fraude escandaloso a la voluntad popular”, en clara alusión a una práctica que se extendió entre las distintas fuerzas políticas a lo largo de los años, y que en esta elección particular tomó fuerza.

Cabe destacar que el proyecto plantea reformas al decreto-ley 6769/58 que regula el funcionamiento de los municipios bonaerenses y otras normas asociadas, con el fin de impedir que intendentes, concejales, gobernadores y vicegobernadores puedan renunciar a sus cargos para asumir o postularse a otros dentro del mismo período institucional, sin importar si ejercieron su mandato total o parcialmente.

De esta manera, Castello busca establecer que tanto intendentes como concejales puedan ser reelectos una sola vez de forma consecutiva, pero no puedan volver a presentarse para un nuevo mandato si no dejaron pasar al menos un período de cuatro años. Además, el proyecto remarca que ejercer estos cargos constituye una “carga pública insoslayable”, y que su interrupción para fines electorales debe ser desalentada y penalizada institucionalmente.

Uno de los puntos más significativos del texto es la imposibilidad de renunciar para postularse a otro cargo. En ese marco, el artículo 3 del proyecto que lleva la firma de Castello establece que los concejos deliberantes no podrán aceptar renuncias ni conceder licencias cuando el motivo sea presentarse como candidato a otro cargo público, en contravención con lo estipulado por la ley.

A su vez, propone que se apliquen sanciones para quienes intenten eludir la norma a través de subterfugios como licencias sin goce de sueldo o permisos especiales, y traslada el mismo principio al ámbito provincial con una modificación en artículos de las leyes 14836, 14872 y 12086, que regulan el ejercicio del Poder Ejecutivo bonaerense, estableciendo que ni el gobernador ni el vicegobernador podrán asumir otros cargos públicos o postularse a nuevas funciones mientras dure su mandato.

El proyecto ingresado a la Legislatura bonaerense por Castello busca evitar que los cargos electivos en funciones sean utilizados como plataforma para saltar a otros puestos sin completar el ciclo institucional para el que los políticos fueron elegidos en primera instancia.

Acorde a lo que se explicita en el proyecto, el objetivo es “poner fin a una práctica cada vez más extendida en la política argentina, donde numerosos dirigentes se presentan como candidatos sin intención de asumir, solamente para arrastrar votos en favor de su fuerza política o generar posicionamiento personal”.

A su vez, la iniciativa también incluye una cláusula explícita para suspender los efectos de normas vigentes que permiten maniobras de interpretación flexible sobre los períodos cumplidos y los cargos asumidos. Por otro lado, al definir el ejercicio de los cargos como una “carga pública en atención al interés público comprometido”, el legislador Castello introduce una categoría jurídica que obliga a respetar los términos del mandato como parte esencial del vínculo democrático con el electorado.