Este jueves el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó dos resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que las distribuidoras de luz de toda la provincia esperaban ansiosamente. Para las que operan en el conurbano, EDENOR y EDESUR, había fondos millonarios en juego, y para las del interior, EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, también, pero de manera indirecta.

En este sentido, la primera norma es la Resolución 918/25 y data del 11 de septiembre. En ese documento, el gobierno de Axel Kicillof aprueba un convenio firmado con EDENOR para pagarle unos 17,69 mil millones de pesos. A su vez, se compromete a hacer lo propio con EDESUR por un monto de $7 mil millones. En ambos casos, las transferencias se van a hacer en tres cuotas trimestrales e iguales a partir de diciembre de 2025.

Sin embargo, lo llamativo de estos acuerdos es que surgen a partir de un error del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Acorde a lo que consta en el documento, el organismo de control debía notificarle a las distribuidoras el nuevo régimen de tarifa social implementado por la Provincia, pero se demoró y las compañías facturaron entre junio y julio de 2024 con un esquema de subsidios viejo.

Ante este escenario una opción era cobrarles la diferencia a los usuarios de manera retroactiva, pero se trataba de hogares en “situación de vulnerabilidad social y económica”. En este sentido, la Provincia decidió hacerse cargo “en forma excepcional” de la diferencia “haciendo un esfuerzo económico adicional”. En total, son casi 25 mil millones de pesos los que va a destinar la administración Kicillof para subsanar el error sin trasladarles el costo a los usuarios.

Por otro lado, con la Resolución 921/25, el gobierno bonaerense oficializó un acuerdo al que llegó con las distribuidoras que están bajo su jurisdicción. En este caso no hay un desembolso explícito de fondos, pero sí un alivio para las distribuidoras (y también para la Provincia).

De esta manera, las autoridades decidieron suspender el cobro y la ejecución de sanciones que debe aplicarle el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) a las compañías. También decidieron diferir la acreditación a usuarios de las penalizaciones por deficiencias en el servicio desde junio de 2017 y hasta seis meses después de que se aplique el cuadro tarifario que surja de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se está llevando adelante desde el año pasado.

Acorde al gobierno bonaerense, la idea es “atenuar la afectación del flujo de fondos con que cuentan en la actualidad las distribuidoras para operar y mantener el servicio”. En ese marco, las empresas accedieron a suspender las acciones judiciales o arbitrales que habían iniciado contra la Provincia por las sanciones en cuestión.