Esta semana el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza el ingreso de tropas militares de Estados Unidos a territorio argentino. En este marco, la decisión habilita la presencia de efectivos de guerra en las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, para llevar a cabo el Ejercicio Tridente junto a la Armada Argentina. Cabe destacar que se aprobó sin aval legislativo, lo que vuelve a generar tensión en el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

En este sentido, el despliegue, que contará con un máximo de 30 soldados estadounidenses, entre ellos, integrantes de las fuerzas especiales Navy Seals, se realizará entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre. Las tropas extranjeras se moverán por territorio argentino en convoy y tendrán inmunidad durante su permanencia. Según el DNU, la maniobra busca mejorar la "interoperabilidad" entre ambos ejércitos y fortalecer las capacidades de defensa en zonas estratégicas del país.

Sin embargo, el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional establece que es facultad del Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras. Hay que remarcar que Milei había enviado un proyecto de ley para este fin, pero al no obtener respuesta, optó por avanzar vía decreto.

La decisión forma parte del plan de alineamiento geopolítico de Milei con Estados Unidos, especialmente con la gestión de Donald Trump. De esta manera, la Cancillería confirmó que el próximo 14 de octubre el Presidente será recibido oficialmente por Trump en la Casa Blanca.

Desde Nación se celebró el acuerdo militar como un paso hacia una mayor integración con las fuerzas armadas estadounidenses. Según el Gobierno, el entrenamiento conjunto representa una oportunidad para potenciar el adiestramiento naval y avanzar hacia una defensa más eficaz de los intereses estratégicos nacionales. Además, se destacó la contribución de este tipo de actividades a la profesionalización del personal militar argentino.

Como era de esperarse, esto generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores políticos y constitucionalistas que advierten sobre la violación de normas institucionales. A su vez, se encendieron alarmas por el costo de la operación, que ascendería a 60 millones de pesos, y por la cesión de soberanía implícita en permitir el accionar de fuerzas extranjeras con inmunidad legal.