Esta semana el Municipio de Cañuelas (PBA), a cargo de la intendenta Marisa Fassi, quedó en el centro de la polémica luego de que la empresa Cleanosol Argentina demandó al gobierno municipal por obras de asfalto y cordón cuneta ejecutadas en 2021, y le reclamó el pago de 85 millones de pesos más intereses.

Acorde a lo que dejó trascender el medio bonaerense Cronos Noticas, el municipio comentó que no le corresponde pagar dado que el Estado Nacional no le envió los fondos comprometidos en la licitación. Sin embargo, hay que destacar que la Nación tiene abiertas dos causas contra la comuna por no haber presentado las rendiciones de partidas giradas para esas licitaciones.

La causa (expediente 91986) se inició en mayo de este año ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de La Plata a cargo de la Dra. María Ventura Martínez. En ese marco, en el inicio de demanda presentado por el abogado Marcelo M. Petrossi se detalla que Cleanosol fue adjudicataria de dos licitaciones: la 02/2020, que tuvo por objeto la ejecución obra denominada “Cordón Cuneta con Pavimento Asfáltico en la ciudad de Cañuelas”; y la 03/2020, que adjudicó el mismo trabajo en Máximo Paz.

En ambos casos se estableció que los pagos de los certificados se realizarían dentro de los diez días hábiles de acreditados los fondos en la cuenta municipal transferidos por el Estado Nacional.

Respecto a la obra de Cañuelas, Petrossi explicó que el acta de inicio se firmó el 11 de enero de 2021 y que la obra finalizada se entregó en agosto de 2021. A su vez, aclaró que “a partir de algunas diferencias entre Cleanosol y la inspección de obra municipal, el 13 de agosto de 2021 las partes suscribieron un acta en la cual se fijó un cronograma para realizar algunos trabajos adicionales”. En ese marco, se ejecutaron en forma inmediata y la obra quedó finalizada completamente en el mes de septiembre de 2021.

De esta manera, el 30 de septiembre de 2021 la Municipalidad de Cañuelas aprobó el certificado 9 del que surge el cumplimiento total de los trabajos, sin recibirse objeción alguna. Ahora bien, si bien tomó posesión de la obra, pese a la insistencia de Cleanosol, nunca se suscribió el acta de recepción”. En cuanto al contrato de Máximo Paz, se inició y finalizó en 2021, sin obras adicionales.

“Cleanosol ejecutó en tiempo y forma las obras encomendadas, haciendo entrega de ambas a fines de septiembre de 2021, sin recibir objeción alguna. Por su parte, la Municipalidad no pagó el total de los certificados de avance que se aprobaron”, concluyó Petrossi, quien destacó que el "no pago de los certificados aprobados conlleva claramente un enriquecimiento sin causa a favor de la administración”.

Hay que remarcar que el monto exigido por la empresa constructora asciende a $4.987.853,16 por la obra de Máximo Paz; y a $39.807.053,92 por la obra de Cañuelas, lo que da un total de $44.794.907,08. Aplicados lo intereses, la suma trepa a $85 millones.

Entre las varias medidas de pruebas solicitadas por Cleanosol, figuran una intimación al municipio para que entrega los expedientes administrativos; oficios a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para que informe los montos transferidos al municipio; al Tribunal de Cuentas para que aporte información sobre los ejercicios fiscales 2021 a 2025; pericias contables y caligráficas.

A su vez, se pidió que se cite a prestar declaración testimonial a los funcionarios municipales Emanuel Zuñeda (arquitecto e inspector de obra), Cristian David Ricchetti (ex Subsecretario de Obras Públicas) y Romina Marques Antunes (secretaria de Presupuesto, Hacienda, Economía y Finanzas).

En la primera presentación en el expediente, la asesora letrada municipal Micaela Ramírez incorporó un documento firmado por la secretaria de obras Públicas, Yanina Gabilondo, en 2024, en la que ésta expresó que los pagos del Estado Nacional referidos a las licitaciones aludidas “no se han acreditado en la Municipalidad” por lo que “está exenta de responsabilidad”.

De esta forma, el gobierno de Fassi en Cañuelas debe afrontar esta nueva polémica y todo parece indicar que no habrá una resolución en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que la controversia también involucra al Gobierno nacional.