Esta semana Manuel Adorni, vocero de la presidencia nacional, apuntó contra el Instituto Obra Medica Asistencial (IOMA) y brindó más datos sobre la deuda que mantiene la entidad bonaerense con el Hospital Garrahan, la cual asciende a 5.700 millones de pesos. En ese marco, cruzó a la gestión del gobernador Axel Kicillof.

En este sentido, Adorni reveló cifras actualizadas al 30 de septiembre, destacando que el IOMA adeuda 5.709 millones de pesos al Garrahan por servicios prestados a afiliados de la obra social provincial.

"Son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales que dicen defender y que claramente no lo hacen", afirmó el funcionario, en alusión a recientes protestas y medidas impulsadas por el peronismo bonaerense.

A su vez, el vocero extendió su crítica al pasivo total de la Provincia de Buenos Aires con el sector salud, mencionando una deuda adicional de 425.000 millones de pesos con el Hospital SAMIC, otro referente en atención especializada.

Adorni subrayó la contradicción entre las demandas de actualización de prestaciones en el ámbito nacional y el incumplimiento en las jurisdicciones provinciales: "Es la hipocresía también de los que marchan por la actualización del nomenclador nacional de discapacidad, mientras en sus propias jurisdicciones pagan incluso mucho menos".

Cabe destacar que la denuncia llega en un contexto de tensiones entre el gobierno nacional y la administración de Kicillof, agravadas por recortes presupuestarios y debates sobre la financiación de la salud pública.

En ese sentido, fuentes del Garrahan confirmaron que la deuda acumulada afecta la operatividad del hospital, que atiende anualmente a más de 600.000 pacientes, la mayoría de bajos recursos, y depende en gran medida de pagos puntuales de obras sociales para sostener sus operaciones.

Si bien desde el entorno provincial aún no se emitió una respuesta oficial a las acusaciones de Adorni, varios legisladores bonaerenses han calificado las declaraciones como un "ataque político" destinado a desviar la atención de los ajustes nacionales en el presupuesto de discapacidad.