El Gobierno nacional a cargo de Javier Milei formalizó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires: Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. La medida, oficializada a través de la Resolución 1776/25 del Ministerio de Economía, tiene vigencia desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

Esta decisión busca mitigar el impacto de las graves inundaciones que mantienen a millones de hectáreas bajo el agua y han generado un fuerte reclamo de los productores por la falta de obras estructurales.

En ese marco, la ratificación nacional extiende el alcance de una medida que ya había sido adoptada por la provincia y permite a los productores afectados acceder a beneficios concretos como las exenciones impositivas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y los créditos blandos, la posibilidad de solicitar financiamiento con tasas preferenciales en el sistema bancario.

Esta es la segunda vez en pocos meses que el Ejecutivo nacional interviene, tras haber ratificado la emergencia en otros diez distritos a principios de octubre. Sin embargo, pese a la asistencia, dirigentes y productores bonaerenses insisten en que las medidas paliativas no son suficientes. El foco del reclamo se centra en la ejecución de obras de infraestructura de largo plazo.

En ese sentido, Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, advirtió que la situación es de "catástrofe", con pueblos aislados, caminos rurales intransitables y una producción agropecuaria "quebrada". Estimó que unas cinco millones de hectáreas están bajo el agua.

Mientras el gobierno nacional y el gobierno provincial se echan culpas mutuamente, hay 3 millones de hectáreas inundadas, pueblos aislados y la producción agropecuaria quebrada. Los bonaerenses siguen sufriendo y padeciendo.
Necesitamos ya un plan de emergencia que atienda de una… pic.twitter.com/dSFiweEGV1

— Diego R Garciarena (@dgarciarena) November 7, 2025

Por otro lado, el diputado radical Diego Garciarena criticó el cruce de culpas entre Nación y Provincia, instando a implementar urgentemente un plan de emergencia y una política planificada de infraestructura para evitar que los bonaerenses sigan sufriendo.

Hay que destacar que la situación es especialmente crítica en la Cuenca del Salado, que abarca el 55% de la superficie bonaerense (unos 17 millones de hectáreas). El ingeniero hidráulico Claudio Velazco subraya la gravedad de las obras inconclusas.

En este marco, el Plan Maestro del Río Salado sigue sin finalizar, a pesar de que debía estar listo en 2015. Según Kovarsky, aún restan 30 kilómetros de obras bajo órbita nacional y 90 kilómetros bajo jurisdicción provincial.

Por otro lado, Velazco precisó que de los 710 kilómetros del cauce principal, solo 219 kilómetros cuentan con obras finalizadas. En la crisis de 2015, se constató el "efecto dique" de la Ruta 2 debido a las insuficientes secciones de escurrimiento, un ejemplo de los "mismos errores estructurales que se repiten una y otra vez".

Las inundaciones actuales no solo impactan en la producción, sino que también generan problemas sociales graves, como la pérdida de escolaridad para los niños y la dificultad de acceso de ambulancias y servicios básicos a las zonas aisladas.