Un número creciente de municipios de la Provincia de Buenos Aires enfrenta un fin de año crítico, con sus "cuentas en rojo" y una preocupación generalizada por la capacidad de pago de salarios y el medio aguinaldo de diciembre.

El panorama se explica por una "tormenta perfecta": la fuerte caída de la recaudación local producto del enfriamiento económico, el aumento en la morosidad de las tasas y una mayor demanda social que presiona sobre los sistemas de salud y asistencia municipales.

A este escenario local se suma el contexto provincial. Los intendentes acusan el impacto de la poderosa deuda que el Gobierno nacional mantiene con la gestión de Axel Kicillof (más de $12 billones), lo que repercute directamente en la coparticipación que gotea a las comunas.

Mientras tanto, la propia gestión de Axel Kicillof incluyó la declaración de emergencia económica provincial hasta 2026 en su proyecto de Presupuesto. La clave de esa negociación, que se debate en la Legislatura, es el pedido de endeudamiento por USD 3.035 millones, que contempla un fondo del 8% destinado a los municipios.

Los seis distritos que ya están en emergencia

• Azul: Viene en emergencia desde 2024 y la prorrogó en septiembre. La gestión de Nelson Sombra mantiene congelados los salarios municipales y rebajó un 15% los sueldos de la planta política. El déficit, aunque se redujo, sigue siendo crítico.
• Villa Gesell: El intendente Gustavo Barrera decretó la emergencia en abril, denunciando la "asfixia económica" de Nación.
• 9 de Julio: La intendenta María José Gentile firmó la emergencia en julio, en un distrito también afectado por inundaciones.
• Guaminí: Se declaró en emergencia en mayo, congelando salarios y reduciendo horas extras.
• Tapalqué: El intendente Gustavo Cocconi firmó el decreto el 29 de octubre para "optimizar la administración".
• General Guido: También el 29 de octubre, el intendente Carlos Rocha declaró la emergencia con reducción de horas extras y un 10% de rebaja en sueldos políticos.

La lista de municipios con problemas es mucho más larga. En General Madariaga, el intendente Carlos Santoro recortó sueldos de funcionarios. En Adolfo Alsina, el HCD autorizó al Ejecutivo a tomar un descubierto de $1.030 millones para garantizar salarios.

En Saavedra-Pigüé, Matías Nebot ya había aplicado un recorte del 13% en sueldos políticos y estatales. En Olavarría, golpea la caída de la construcción y del "impuesto a la piedra". En Rojas, la oposición denuncia un déficit de $3.600 millones. Y en Ramallo, el intendente Mauro Poletti pidió prórroga para presentar el presupuesto, afectado por la judicialización del pago de tasas de Ternium Siderar.

En este contexto de fragilidad financiera, la política se mueve. El Foro de Intendentes de la UCR (que nuclea a 27 jefes comunales) se reunió este lunes con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.

El reclamo fue claro: "Analizar la situación financiera y reclamar la cancelación de deudas pendientes que la Provincia mantiene con las comunas", señalaron. Entre los pedidos, figuran fondos adeudados de IPS, retrasos de IOMA y gastos de los Juegos Bonaerenses.

Maximiliano Suescun, presidente del Foro, advirtió que "muchos distritos se encuentran en una situación de extrema fragilidad". Sobre la mesa, los intendentes pidieron "anticipos de fondos o mecanismos extraordinarios de financiamiento para atender gastos corrientes".