Mientras la Provincia de Buenos Aires negocia un presupuesto de ajuste y solicita a la Legislatura autorización para tomar deuda, recientemente trascendió en los medios que el gobernador Axel Kicillof habría autorizado una contratación que despertó fuertes cuestionamientos: una colonia de vacaciones exclusiva para hijos de funcionarios.

El costo total de la iniciativa asciende a $68.283.720. El servicio funcionará durante apenas 38 días, entre el 5 de enero y el 27 de febrero de 2026. Según el desglose del expediente (VER EXPEDIENTE 594-15178-PAB25 COMPLETO), esto implica que el Estado bonaerense gastará unos $1,8 millones diarios en el esparcimiento de un grupo reducido de familias vinculadas a la administración pública. Además, el pliego contempla la posibilidad de aumentar la contratación hasta un 100% adicional si fuera necesario.

La noticia cae en un momento de extrema sensibilidad económica. Mientras se destinan estos fondos al ocio del funcionariado, los gremios estatales y docentes reclaman por paritarias estancadas, los hospitales provinciales denuncian falta de insumos, y el Ejecutivo advierte que sin endeudamiento externo (por más de USD 3.000 millones) no se podrán cubrir los vencimientos de deuda.

En ese sentido, mientras los bonaerenses enfrentan aumentos de tarifas y dificultades para costear actividades de verano privadas, el gobierno de Axel Kicillof le garantiza la cobertura gratuita para su planta política.

Si bien la firma es de la actual gestión, la "colonia para funcionarios" parece ser una tradición arraigada en la burocracia bonaerense que atraviesa a todos los colores políticos.

Esto se vi en la gestión de Vidal, en 2017, cuando el entonces director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, aprobó una colonia por $8,4 millones (una cifra millonaria a valores de hoy), con un costo por niño que triplicaba el promedio de mercado.

Algo similar pasó con el OPDS durante la administración de Juan Brardinelli, cuando el organismo ambiental destinó más de $4 millones a una colonia para 85 hijos de funcionarios, pese a las denuncias internas por falta de equipamiento y productividad.

La repetición del patrón demuestra que, más allá de la "grieta", la lógica de sostener beneficios exclusivos para el funcionariado se mantiene firme, incluso cuando las cuentas públicas están en rojo.