En paralelo a las negociaciones por el Presupuesto 2026, el Gobierno de Axel Kicillof impulsó una nueva vía para engrosar la recaudación del próximo año. Se trata de una modificación al Código Fiscal que busca aplicar una tasa de Ingresos Brutos a las entidades financieras por sus operaciones con instrumentos de deuda nacional.

La medida, que promete sacudir la relación con el sistema financiero, fue uno de los principales argumentos del bloque PRO para rechazar el tratamiento de la Ley Impositiva, lo que provocó el estancamiento de la sesión legislativa.

El corazón de la propuesta radica en la modificación del artículo 207, inciso c) del Código Fiscal. Hasta ahora, esta norma eximía del impuesto a todas las operaciones con títulos, letras, bonos y obligaciones emitidas por la Nación, las provincias, CABA y los municipios.

La nueva cláusula apunta a sacar a las entidades financieras del beneficio, obligando a los bancos a pagar un impuesto del 9% por operar deuda nacional, tanto la ya emitida como la que se emita a futuro.

El detalle que genera controversia es el carácter selectivo de la medida: La exención se mantiene para las emisiones de deuda de la Provincia de Buenos Aires, de otras provincias y de los municipios.

A su vez, el impuesto aplica únicamente a las entidades financieras (bancos), mientras que agentes de bolsa y otros intermediarios del mercado continúan amparados por la exención.

Con esta maniobra, la administración de Kicillof ensaya una estrategia para generar más ingresos en las cuentas bonaerenses de cara al 2026, apuntando a un sector específico del mercado sin tocar la capacidad de endeudamiento propia de la Provincia.