En varios despachos de la política bonaerense se corrió la voz de que el allanamiento al domicilio del dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe marcó un “punto de inflexión” en una causa que venía moviéndose en voz baja, pero que ahora empieza a generar ruido en el plano político y, sobre todo, en sectores del empresariado.

Según varias fuentes, durante el procedimiento, ordenado por la Justicia bonaerense, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y material digital, elementos que deberán ser sometidos a pericias.

Más allá del encuadre formal del expediente, el foco dejó rápidamente de estar puesto solo en Yofe y se trasladó al contenido de los dispositivos incautados, que, según fuentes periodísticas, incluirían conversaciones, registros de transferencias bancarias y correos electrónicos sensibles. Ese escenario activó señales de alarma en distintos actores que hasta ahora se movían fuera del radar público.

En varios portales bonaerenses sostienen que aparece el empresario Leandro Camani, cuyo nombre comenzó a circular con fuerza en las horas posteriores al allanamiento. Según información que manejan fuentes judiciales y políticas, Camani habría realizado llamados a operadores del sistema judicial con el objetivo de frenar o, al menos, negociar el alcance de las pericias sobre los dispositivos secuestrados.

Los medios mencionados destacan que Camani es uno de los denunciantes en las causas de las fotomultas y del sistema de VTV, aunque también aparece cuestionado por ser parte del propio esquema pese a haberse presentado como damnificado. La Justicia le rechazó su presentación, pero fuentes cercanas a las investigaciones reconocen en OFF de Record que muchos de los elementos presentados por Yofe ante la Justicia parecen de puño y letra del propio Camani.

En ese mismo sentido, el expediente empezó a leerse en clave política. Según versiones que circulan en ámbitos legislativos y judiciales, Yofe y un diputado bonaerense de la Coalición Cívica impulsaron el Jury contra el juez Juan Pablo Masi como, según publicaron medios, una maniobra destinada a cuidar a Camani.

La inquietud del empresario, señalan las fuentes, es que el avance de la causa y las pericias sobre los dispositivos secuestrados puedan dejar expuesta alguna influencia directa suya dentro de ese entramado judicial y político.

En los pasillos de la justicia bonaerense trascendió que la preocupación se habría profundizado tras una serie de llamados desesperados. Fuentes del sistema judicial aseguran que P. Aribe contactó de urgencia a un operador judicial tras el allanamiento al entorno de Yofe; luego habría hablado personalmente con Camani. En esa secuencia, se suman versiones sobre gestiones de Juan Zabaleta, quien también estaría realizando llamados a la Justicia. Zabaleta aparece mencionado en la causa de Tres de Febrero y, según las mismas fuentes, estaría preocupado por eventuales vínculos derivados de la cesión de parte de la recaudación a un particular, un esquema que hoy quedaría bajo la lupa si las pericias avanzan.

“El problema no es el allanamiento, es la pericia”, resumió una fuente con conocimiento del expediente. Cuando un teléfono entra en análisis técnico, coinciden, ya no hay margen para controlar el daño político.

En ese contexto también se menciona la intervención de abogados vinculados a empresas del sistema de radares de fotomultas, que se estarían moviendo en paralelo para intentar contener el impacto judicial. El clima, según describen quienes siguen el caso de cerca, es de máxima tensión, ante la posibilidad de que el material secuestrado revele una trama más amplia de relaciones políticas, financieras y operativas.

Una denuncia judicial

Según trascendió, Matías Yofe el denunciante en la causa por las fotomultas quedó ahora seriamente complicado tras la declaración judicial de un periodista que lo señaló por presuntas maniobras de extorsión, ofrecimiento de dinero y armado de denuncias.

Se trata del dirigente de la Coalición Cívica ARI, quien hasta ahora se presentaba como impulsor de investigaciones contra funcionarios y empresarios vinculados al sistema de radares en la provincia de Buenos Aires. El testimonio, incorporado formalmente a la causa, lo ubica en un rol muy distinto: no como denunciante desinteresado, sino como posible articulador de operaciones judiciales con fines económicos y políticos.

Según la declaración, Yofe habría comentado en distintas reuniones la posibilidad de ofrecer denuncias “armadas” a cambio de dinero, e incluso de pagar testigos para sostener presentaciones judiciales contra terceros, entre ellos actores del negocio de las fotomultas.

El relato también menciona presuntos aportes económicos de L. Camani, empresario ya denunciado en múltiples expedientes vinculados al mismo entramado. Son varios analistas los que sostienen que estos elementos no solo debilitan la credibilidad del denunciante, sino que abren un escenario incómodo para la causa: quien acusaba ahora aparece bajo sospecha, y su rol podría pasar de impulsor a investigado, con impacto directo en el devenir judicial y político del expediente.