Lo que comenzó como un verano con poca agua y la aparición de camiones cisterna terminó en una presentación judicial de 30 fojas. Este lunes 12 de enero, la senadora provincial de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, junto a los concejales de Carlos Casares, Franco Cruceño, Viviana Neschenko y Ezequiel Orazi, formalizaron una denuncia penal que apunta directamente a la cúpula de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y a los funcionarios provinciales responsables de controlar el servicio.

Patrocinados por el abogado Marcelo Mazzeo, los legisladores sostienen que la situación en Carlos Casares no es un hecho fortuito, sino un "deterioro estructural" que las autoridades conocían y no remediaron.

En Carlos Casares hay barrios enteros sin agua desde hace meses.
No es un problema nuevo ni un imprevisto: es una crisis anunciada que nadie quiso resolver.

— Analia Balaudo (@ABalaudo) January 8, 2026

En este sentido, la Carátula es “Incumplimiento de los deberes de funcionario público y puesta en peligro de la salud pública”, y afirman que la falta de servicio es crítica desde el primer semestre de 2025 y alcanzó su punto máximo el 3 de enero de este año, cuando el municipio tuvo que asistir a los vecinos con camiones cisterna.

De esta manera, la denuncia alega que hubo una "conducta omisiva consciente", calificando la gestión no como un error administrativo, sino como un delito penalmente relevante.

Aunque la presentación se centra en Carlos Casares, la senadora Balaudo advirtió que el mapa de la sed se extiende por todo el oeste bonaerense:

• General Villegas: Denunció falta de presión de agua y un colapso sistemático del sistema de cloacas con desbordes en la vía pública.
• Carlos Tejedor: Alertó que, si bien la cabecera tiene servicio, los pueblos del interior del partido están desabastecidos.

“Pareciera que los reclamos van a saco roto. No hubo alternativa y presentamos esta denuncia, que es lo que correspondía hacer”, sentenció Balaudo a la salida de los tribunales de Trenque Lauquen.

La Justicia ahora deberá determinar si la falta de inversión y mantenimiento por parte de la empresa estatal configura una negligencia criminal. Mientras tanto, el pronóstico de altas temperaturas para el resto de enero mantiene en vilo a los vecinos, quienes dependen de la asistencia municipal ante la incapacidad de la red provincial de garantizar el suministro básico.