Mientras aún se encontraba vigente el amparo de la emergencia económica y financiera vigente, el municipio bonaerense de Villa Gesell, que lidera el intendente Gustavo Barrera, adquirió mediante decreto y sin licitación mediante una barredora de arrastre por un monto de 27.936.000 pesos.

Según consta en la documentación, la máquina adquirida no es nueva, sino usada y reacondicionada, un dato relevante si se considera el valor abonado. Se trata de un equipo con uso previo, cuya vida útil y condiciones reales no fueron contrastadas públicamente con otras alternativas del mercado.

La compra se autorizó cuando la emergencia económica tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, apenas cinco días después de la fecha del decreto. Ese plazo habilitaba, al menos formalmente, la posibilidad de iniciar un proceso licitatorio que permitiera comparar precios, condiciones y estado de los equipos disponibles.

Según publicó el portal Cronos, el punto central del debate, no se limita al mecanismo de adquisición ni al estado del bien. La cuestión de fondo es la necesidad de la compra. El servicio de barrido y limpieza ya estaría incluido en el contrato de la empresa Santa Elena, concesionaria del servicio, que además recibió incrementos significativos en sus ingresos durante los últimos meses.

Con este episodio, el gobierno de Barrera suma una nueva controversia en torno a la utilización de los recursos de Villa Gesell y la planificación del gasto público, en medio de la crisis económica que azota a los municipios.