Una denuncia penal contra el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, fue presentada esta semana ante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial local por presunta desobediencia de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, además de los delitos de abuso de autoridad, daño ambiental y violación de deberes de funcionario público.

La acusación, formulada por el abogado Ulises Gabriel Godoy, se enmarca en la causa “Asociación Civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (FOMEA) c/ Provincia de Buenos Aires – Municipalidad de San Nicolás s/ Inconstitucionalidad”, que tramita ante la Secretaría de Demandas Originarias del máximo tribunal bonaerense.

En esa causa, la Suprema Corte había dictado el 12 de mayo de 2023 la suspensión de varios artículos del Código Urbano Ambiental aprobado por la ordenanza 9.949/19 y la clausura de todas las obras en ejecución en zonas afectadas, incluyendo puentes y accesos a las playas “Barranquitas” y “El Arenal”. Esa medida también ordenó el retiro de maquinaria y equipos afectados a los trabajos.

Pese a esa orden judicial, el denunciante sostiene que las obras en la costanera continúan a pleno ritmo, señalando que constató personalmente en enero trabajos de movimiento de suelo y descargas de escombros a orillas del arroyo, con maquinaria pesada operando “a plena luz del día”, lo que, según su presentación, configura una clara violación de la cautelar.

Godoy advirtió que el municipio estaría ejecutando un plan de relleno de gran escala, con hasta 300 camionadas de escombros volcadas en la zona ribereña, y presentó como prueba fotografías y videos con fecha y geolocalización, además de copias de las resoluciones judiciales que ordenan paralizar las obras.

En la denuncia se pidió al fiscal interviniente que dicte con urgencia una medida cautelar que ordene “el inmediato cese de toda actividad de relleno” en el área, fundamentando que “el bien jurídico protegido (el ambiente) puede sufrir daños irreversibles o de muy difícil recomposición”.

Ahora será el Ministerio Público Fiscal quien debe decidir si avanza con la instrucción de la causa, algo que podría agravar la situación judicial del Ejecutivo municipal si se comprueba que sus autoridades ignoraron deliberadamente una orden de la Suprema Corte, con implicancias penales para Passaglia y otros funcionarios.