El plan de desestatización del gobierno de Javier Milei avanza sobre el asfalto bajo la denominación de "Red Federal de Concesiones - Etapa II-B". En ese sentido, la Nación inició el proceso para que el sector privado se haga cargo de la administración, construcción y explotación de rutas nacionales fundamentales para el traslado de la cosecha y la conectividad del norte y oeste bonaerense.

La licitación divide los corredores en cuatro grandes tramos, de los cuales tres afectan directamente a Buenos Aires:

• Tramo Mediterráneo (Rutas 7 y 35): Cruza el norte bonaerense hacia Santa Fe y Córdoba. Es el principal corredor logístico hacia el oeste.
• Tramo Portuario Sur (Rutas 9 y 188): Abarca el eje norte (Ruta 9) y el corredor que une San Nicolás con La Pampa (Ruta 188), vital para el puerto nicoleño y el sector agropecuario de Pergamino y Junín.
• Tramo Puntano (Rutas 8, 193 y otras): Incluye la estratégica Ruta 8 y la 193, que conecta los polos industriales de Zárate y Campana con el resto de la red.

A su vez, se privatizará el tramo que va desde Luján hasta el límite con La Pampa, afectando a ciudades como Bragado, Pehuajó y Trenque Lauquen.

Cabe destacar que el anuncio se produce en medio de crecientes reclamos de intendentes y usuarios por el mal estado de las calzadas, baches profundos y falta de señalización. La gran duda de los usuarios es si la entrada de privados garantizará las obras de infraestructura (como la transformación en autopista de la Ruta 5 o la Ruta 7) o si el cambio solo se traducirá en un aumento tarifario de los peajes para financiar el déficit.

Ahora, las empresas interesadas tienen tiempo hasta el 7 de mayo para presentar sus propuestas, y la Comisión Evaluadora tendrá la tarea de elegir a las adjudicatarias que reemplazarán a la estatal Corredores Viales S.A.

Este proceso se da en paralelo a la crisis de la Dirección Nacional de Vialidad, cuya estructura ha quedado desdibujada ante el recorte de fondos. Para la gestión de Axel Kicillof, el traspaso a privados sin un plan de inversión obligatoria representa un riesgo para la seguridad vial de los bonaerenses y una "transferencia de recursos" desde los usuarios hacia las concesionarias.