Para los críticos de la gestión de Soledad Martínez, las últimas decisiones del Ejecutivo municipal tienen un denominador común: en Vicente López, la rentabilidad privada parece siempre prevalecer sobre el bienestar social.

En este sentido, el cierre de la línea de colectivos gratuita Transporte Bicentenario, la prórroga de la cesión de un predio ribereño a un colegio exclusivo y la reciente "amnistía" para desarrollos irregulares son vistos como piezas de un mismo rompecabezas donde el patrimonio público está al servicio de los negocios.

La decisión de dar de baja el Transporte Bicentenario tras quince años de servicio generó indignación, especialmente entre los jubilados. Esta línea, pionera en la provincia, conectaba los barrios del oeste con la zona este y el CRAMA (Centro Recreativo para Adultos Mayores Activos), además de contar con una planta de conductoras íntegramente femenina.

En ese sentido, según lo que destacó el medio La Tecla, la excusa municipal fue el "alto costo" del servicio, pero los vecinos sospechan que el objetivo final es vaciar y vender el valioso terreno frente al río donde funciona el centro recreativo.

Otro foco de conflicto es la prórroga por 30 años de la cesión de un terreno premium en La Lucila a la Asociación Escuelas Lincoln. A pesar del reclamo vecinal para recuperar ese espacio como reserva ecológica, el oficialismo aceptó una suma de 4,5 millones de dólares, calificada por la oposición como una "ganga" para un colegio de élite. Curiosamente, ese dinero se destinaría a remodelar el CRAMA, el mismo centro al que ahora le quitan el transporte para llegar.

No sorprende que @soledadmartinez aplauda la decisión del gobierno de MileI de privatizar TECNOPOLIS.

Gobiernan para los negocios de las empresas amigas, por eso le ponen PRECIO a un espacio que generó acceso gratuito a la cultura, la ciencia, la tecnología y la salud. https://t.co/ZeCQe2QTer

— Laura Braiza (@Lau_Braiza) December 16, 2025

En este sentido, la concejal peronista Laura Braiza ha sido una de las voces más firmes contra lo que denomina una "vía rápida" para el sector inmobiliario. En diálogo con La Tecla, la legisladora denunció que mientras hay cientos de expedientes de vecinos comunes trabados para regularizar sus viviendas, la nueva ordenanza de "amnistía" parece diseñada para grandes desarrolladores que no respetan las normas de ordenamiento urbano. Bajo el argumento de regularizar piletas o ampliaciones familiares, se estarían blanqueando edificios que saturan los servicios y destruyen la identidad de los barrios.

Cabe destacar que la gestión de Martínez es vista como una continuidad del modelo de Jorge Macri, quien llegó al poder prometiendo terminar con las excepciones urbanísticas pero terminó incrementándolas.

De esta manera, casos como la autorización de polos gastronómicos y hoteles en el predio del Círculo Militar, frente a la Quinta de Olivos, demuestran que las normas se vuelven flexibles cuando hay grandes inversiones en juego.

Para los vecinos movilizados, el desarrollo urbano de Vicente López ha dejado de ser una planificación pública para convertirse en un catálogo de oportunidades para unos pocos desarrolladores amigos del poder.