En una jugada administrativa de alto impacto político y deportivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) concretó su "mudanza" jurídica a la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) oficializó el cambio de jurisdicción, lo que significa que la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia deja de ser fiscalizada por la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación para quedar bajo el ala exclusiva de la gestión de Axel Kicillof.

El trámite, resuelto en tiempo récord por la administración bonaerense, se apoya en la reforma estatutaria aprobada por la AFA en octubre de 2024. En este marco, ahora el domicilio legal se fijó en la calle Mercedes 1366, en el partido de Pilar, pero mantiene su sede deportiva en el Predio "Lionel Andrés Messi" de Ezeiza.

De esta manera, la DPPJ bonaerense es ahora el único organismo con poder de policía sobre la AFA, invalidando cualquier intervención de la IGJ nacional.

No hay que ignorar que el "salvataje" de Kicillof tiene una lectura política inmediata. Horas antes de esta resolución, la IGJ conducida por Daniel Vítolo (bajo la órbita de Javier Milei) había solicitado designar veedores para revisar los balances contables de la AFA.

Sin embargo, la Provincia fue más rapida: al haberse inscripto el cambio de domicilio, la IGJ perdió toda legitimidad para supervisar a la entidad. El argumento bonaerense se basa en los artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional, señalando que admitir un doble control vulneraría el diseño federal del país.

Así, con la AFA radicada en territorio bonaerense, cualquier conflicto societario, revisión de elecciones o supervisión de asambleas deberá tramitarse en La Plata. Esto le otorga a Kicillof un poder de arbitraje inédito sobre la institución más influyente de la Argentina, en un contexto donde el Gobierno Nacional presiona por la implementación de las SAD, un modelo al que tanto Tapia como el Gobernador se oponen fervientemente.

De esta manera, la AFA ha blindado su autonomía institucional frente a la Casa Rosada, eligiendo como "garante" a una provincia que se ha convertido en el principal bastión de resistencia a las políticas de desregulación de Milei.