La gestión de Santiago Passaglia en San Nicolás atraviesa un momento de fuerte turbulencia institucional tras conocerse los resultados de las auditorías del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia de Buenos Aires. El organismo de control emitió un fallo contundente respecto al ejercicio 2024, donde no solo aplicó sanciones económicas disciplinarias, sino que activó la figura de los "cargos solidarios", una medida que obliga a los funcionarios a devolver fondos de su propio bolsillo.

El intendente Passaglia fue sancionado con una multa de $330.000 y un cargo solidario que asciende a $459.866. Sin embargo, la peor parte se la llevó el titular del Ente de Aguas, Gonzalo Tramontin, quien recibió la multa más elevada del periodo ($430.000) y comparte la responsabilidad patrimonial con el jefe comunal. La resolución también alcanzó al presidente del Concejo Deliberante, Daniel Luchelli, con una multa de $280.000, completando un cuadro de desprolijidades que afecta a los tres pilares del poder local.

Los fundamentos técnicos del Tribunal hacen foco en irregularidades en la rendición de gastos del Ente descentralizado de aguas. Lo que más preocupa en los pasillos municipales es que el fallo dejó varios puntos "en suspenso", lo que significa que la investigación administrativa continúa abierta y podría derivar en sanciones aún más gravosas en los próximos meses si no se logran justificar los movimientos de fondos cuestionados.

Por otro lado, el alcance del HTC no se limitó al norte de la provincia. En la zona central, el Consorcio del Corredor Productivo también fue objeto de escrutinio. Si bien la rendición fue aprobada en términos generales, el organismo aplicó sanciones disciplinarias a los jefes comunales que integran la conducción del ente. El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, recibió una amonestación en su rol de presidente, mientras que el intendente de Lobos, Jorge Etcheverry, fue objeto de un "llamado de atención" en su carácter de tesorero.

Aunque para los distritos estas resoluciones no implican una pérdida de recursos públicos de forma inmediata, representan un grave traspié administrativo y un daño a la imagen de eficiencia que suelen pregonar . El hecho de que el máximo tribunal de control bonaerense exija a un intendente responder con sus bienes personales es una señal de alerta que marca un precedente incómodo para el clan Passaglia, y sus aliados regionales.