El clima político en Moreno sumó un nuevo foco de conflicto en las últimas horas, cuando el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) presentó un polémico proyecto de ordenanza que busca establecer la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios de alta jerarquía del municipio que conduce la intendenta Mariel Fernández.

La iniciativa, impulsada por la concejala Ingrid Flessa y respaldada por el diputado provincial Ramón “Nene” Vera, propone la realización de rinoscopias y test de orina para detectar el consumo de drogas ilegales. El alcance del proyecto es total: apunta desde la propia Intendenta hasta secretarios, directores, coordinadores, autoridades de entes descentralizados como el IMDEL y el IDUAR, jueces de Faltas y los propios integrantes del Concejo Deliberante.

“Es un proyecto que propone algo muy simple pero muy importante: idoneidad y ética pública. Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones que afectan la vida de miles de vecinos tenemos que hacerlo con claridad y transparencia”, sostuvo Vera, referente libertario del distrito. Según los autores de la norma, el objetivo es garantizar que quienes ocupan cargos públicos se encuentren en condiciones físicas y psíquicas compatibles con sus responsabilidades.

El texto del proyecto establece un protocolo estricto para las pruebas: los test se realizarían en hospitales públicos o instituciones privadas bajo convenio, se prevé la toma de dos muestras (A y B) firmadas y selladas, y en caso de un resultado positivo, el funcionario afectado tendría diez días hábiles para solicitar una contraprueba acompañada por un perito.

Desde el bloque libertario insisten en que el consumo de sustancias ilegales es incompatible con la función pública y que la medida busca elevar la vara ética en un municipio atravesado por profundas problemáticas sociales. No es la primera vez que propuestas de este tipo aparecen en el debate bonaerense, pero su presentación en Moreno (un bastión del Movimiento Evita) promete una fuerte resistencia del oficialismo local, que suele calificar estas iniciativas como "persecución" o "estigmatización".

Por ahora, el proyecto deberá ser girado a las comisiones del Concejo Deliberante, donde el oficialismo de Mariel Fernández cuenta con mayoría. Sin embargo, los libertarios apuestan a que la presión pública y el debate sobre la transparencia obliguen a los distintos sectores a fijar una postura clara sobre el control de adicciones en las altas esferas del poder municipal.