Esta semana el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras una serie de denuncias difundidas en el programa de Santiago Cúneo. En este sentido, la investigación apunta a un mecanismo administrativo que permitió la habilitación masiva de radares y cámaras en corredores clave hacia la costa atlántica, ubicando al partido de Mar Chiquita como una pieza estratégica de este engranaje que ya se cobró la cabeza del exministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio.

Acorde a los documentos revelados, el distrito gobernado por Walter Wischnivetzky habría sido incorporado mediante resoluciones firmadas en tiempo récord. En este sentido, el foco está puesto en una disposición del 28 de diciembre, que autorizó el uso de equipamiento gestionado por empresas privadas para detectar infracciones. Para los denunciantes, la celeridad del trámite y la fecha elegida sugieren una estrategia para maximizar la recaudación durante la temporada de verano, aprovechando el intenso flujo de turistas.

💥 Denuncian presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas en la costa bonaerense. Un informe televisivo mencionó resoluciones para operar en municipios como Mar Chiquita y General Pueyrredon y cuestionó el funcionamiento del sistema que administra las infracciones. pic.twitter.com/D86xq1z7ZT

— grupo periodismo (@grup_periodismo) March 12, 2026

La situación de Mar Chiquita se vuelve aún más delicada al enmarcarse en la megacausa que investiga a Jorge D'Onofrio. El exministro, quien renunció a fines de 2024 acosado por las denuncias, fue recientemente procesado y embargado por $350 millones por la Justicia Federal. Se lo investiga por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito en torno a un esquema de "borramultas" y manejos irregulares con la VTV.

La Justicia sospecha que D'Onofrio lideró una estructura que incluía a jueces de falta y empresarios (como los nucleados en CECAITRA), donde se desviaban fondos provenientes de las multas de tránsito. En la trama incluso aparece una camioneta Audi Q8 de lujo que el exfuncionario habría registrado a nombre de un testaferro, Facundo Asensio, para ocultar su patrimonio.

Ahora, la reciente denuncia no solo cuestiona la legalidad de los radares (algunos de los cuales serían móviles y operarían sin señalización clara), sino el volumen de dinero que mueve la estructura, dado que se estima que el sistema de fotomultas en territorio bonaerense genera ingresos cercanos a los $2.600 millones mensuales.

Por otro lado, el informe también salpicó al Ministerio de Transporte provincial por el funcionamiento del SACIT (Sistema Único de Administración de Infracciones). Ante la supuesta saturación del sistema por el aluvión de multas, se propuso una auditoría tecnológica por $990 millones. De esta manera, todo parece indicar que las empresas preseleccionadas para esta tarea estarían vinculadas a familiares de funcionarios de la propia cartera de Transporte, lo que configuraría un conflicto de intereses.

Cabe remarcar que Mar Chiquita no es el único distrito bajo la lupa, sino que la denuncia menciona un esquema similar en Punta Indio, Dolores, Exaltación de la Cruz y General Pueyrredon. Sin embargo, la ubicación de las cámaras en las rutas que conectan con los balnearios más populares convierte a estas zonas en "minas de oro" recaudatorias.

Hasta el momento, desde el Municipio de Mar Chiquita han guardado silencio frente a las acusaciones que señalan al distrito como parte de una "red de caza" de conductores. Por otro lado, los usuarios de las rutas provinciales multiplican sus quejas por multas que consideran arbitrarias y que, según el informe, formarían parte de un plan sistemático para financiar la caja política mediante la sanción de tránsito.