En el marco de la revisión de la rendición de cuentas del ejercicio 2024 de la Municipalidad de San Nicolás, el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires (HTC) aprobó la gestión con severas observaciones y sanciones económicas contra el intendente Santiago Passaglia.

El fallo pone el foco en dos decisiones clave del Ejecutivo local: el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a concejales aliados y la desadhesión del municipio al sistema de IOMA, medidas que el organismo consideró irregulares y perjudiciales para el patrimonio público.

Uno de los puntos más polémicos ratificados por el Tribunal fue el pago de un bono de un millón de pesos, distribuido en cuatro cuotas, a un grupo de nueve concejales oficialistas y aliados mediante el Decreto Nº 1726/2024. El organismo rechazó los argumentos de la municipalidad, que invocaba la autonomía local y el "reconocimiento al desempeño" para justificar el gasto.

En su dictamen, el Tribunal fue tajante al señalar que el cargo de concejal es un deber ético y político que se rige exclusivamente por el régimen de dietas de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que cualquier "premio" adicional desvirtúa la función pública. Por esta irregularidad, Passaglia y su equipo deberán responder solidariamente por un monto superior a los 12 millones de pesos.

Asimismo, el Tribunal analizó el impacto económico de la salida de San Nicolás de la obra social provincial IOMA para contratar la prepaga Avalian. Si bien el municipio defendió la legalidad de la migración, el organismo de control se centró en el daño financiero: el cambio implicó subir la contribución patronal del 4,8% al 6%. Según el fallo, el municipio abonó 79,3 millones de pesos por el nuevo servicio entre enero y mayo de 2024, cuando el costo de haber permanecido en IOMA hubiese sido de 63,4 millones.

Esta diferencia de 15,8 millones de pesos fue calificada como un perjuicio fiscal, elevando la sanción total a casi 24 millones de pesos al incluir los intereses correspondientes.

La resolución generó una fuerte reacción por parte del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, encabezado por Rodolfo Cecchi. El dirigente gremial, quien ya había denunciado penalmente el esquema de bonos, destacó el compromiso del Tribunal en el control de los actos de gobierno y señaló que estas observaciones reflejan una gestión discrecional de los recursos públicos.

A su vez, desde el sindicato advirtieron que continuarán denunciando cada irregularidad ante los organismos de control, vinculando este fallo con sus reclamos históricos por la defensa de IOMA y la transparencia en las decisiones del Concejo Deliberante.