En medio de la escalada judicial entre la Provincia y la Casa Rosada, el radicalismo bonaerense movió una pieza clave en la Legislatura para garantizar que el "oxígeno" financiero llegue directamente a los territorios. En ese marco, el diputado Diego Garciarena presentó un proyecto de ley para que todas las deudas que la Nación mantiene con la Provincia de Buenos Aires pasen a integrar la masa coparticipable municipal.

La movida legislativa busca darle un marco legal y obligatorio a una idea que el propio Axel Kicillof deslizó ante los intendentes semanas atrás. Sin embargo, la propuesta del abadismo quita el factor de la "voluntad política" de la ecuación: de aprobarse, el 16,14% de cualquier recurso que ingrese por los reclamos ante la Corte Suprema deberá ser girado a las arcas comunales por goteo automático.

Técnicamente, el proyecto propone modificar la Ley 10.559 (Régimen de Coparticipación Municipal). El objetivo es ampliar la base de recursos alcanzados sin alterar el Coeficiente Único de Distribución (CUD). De esta manera, fondos vinculados al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, deudas previsionales y convenios de obra pública, hoy en litigio, tendrían un impacto directo en las cuentas locales.

De esta manera, el bloque UCR + Cambio Federal busca que cualquier acreencia recuperada por la Provincia tenga un reflejo automático en los municipios, que son los que están en la primera línea de demanda social.

La iniciativa es mirada con atención por los jefes comunales de todos los signos políticos. En un contexto de caída de la actividad y presupuestos ajustados, la posibilidad de contar con una porción de los billones de pesos que la Provincia reclama a la gestión de Javier Milei representa la diferencia entre paralizar o sostener los servicios básicos y la asistencia alimentaria.

Con este proyecto, el radicalismo se mete en el corazón de la pulseada fiscal, forzando al oficialismo a definir si está dispuesto a ceder por ley una parte del botín que espera rescatar de la administración central.