El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berisso se transformó en el epicentro de un severo escándalo político e institucional cuando, en el marco de una sesión ordinaria atravesada por cruces verbales y máxima tensión, el bloque oficialista de Unión por la Patria logró imponer por mayoría simple una controvertida nómina de Mayores Contribuyentes. Así, sobre un total de 40 ciudadanos designados para cogobernar y definir la política fiscal del distrito, 18 resultaron ser proveedores o contratistas con facturación activa del propio municipio.

La Asamblea de Mayores Contribuyentes constituye uno de los resortes institucionales y de control ciudadano más sensibles contemplados por el Decreto-Ley 6.769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades). Este cuerpo mixto posee la facultad exclusiva de sesionar junto al cuerpo de concejales para convalidar de forma definitiva la creación de nuevos tributos, la sanción del Presupuesto y las Ordenanzas Impositivas anuales cuando las gestiones locales no reúnen los dos tercios de los votos por sí solas.

La bancada opositora, encabezada por el concejal radical Patricio Yalet (UCR), plantó bandera en el recinto para rechazar de plano el expediente enviado por el Departamento Ejecutivo. Desde su banca, Yalet denunció que el pliego viola de forma flagrante el Artículo 94, inciso d) de la normativa vigente, el cual excluye expresamente de integrar este tribunal de control a aquellos ciudadanos alcanzados por las inhabilidades e incompatibilidades de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica.

“Un proveedor no puede aprobar mayores contribuyentes porque al otro día le tenés que pagar… hay un evidente conflicto de intereses. No se puede permitir que los mismos empresarios que cobran contratos del Estado sean los encargados de levantar la mano para votar los aumentos impositivos que financian sus propios negocios”, disparó el edil de la UCR.

Pese a la insistencia opositora para devolver el proyecto a comisiones con el fin de auditar las razones sociales, contratos y domicilios de los postulantes, el oficialismo desestimó el pedido y forzó el tratamiento sobre tablas apalancado en dos andariveles de defensa. En ese marco, el concejal oficialista Juan Ignacio Mincarelli justificó la conformación de la lista acusando a los bloques opositores de haber omitido la presentación de sus propios candidatos en tiempo y forma. Ante ese vacío, el intendente Fabián Cagliardi hizo uso de la atribución legal de confeccionar la nómina "de oficio", completando los casilleros vacíos.

Por su parte, la presidenta del HCD, Aldana Iovanovich, ensayó un blindaje legal al citar dos fallos judiciales previos en los que los tribunales bonaerenses desestimaron impugnaciones idénticas, amparándose de forma técnica en el principio de división de poderes. La paridad de fuerzas en el deliberativo berissense obligó a las espadas del Ejecutivo a buscar consensos por fuera de su bloque. El verdadero protagonista de la jornada legislativa terminó siendo el concejal Daniel Del Curto, perteneciente a la bancada unipersonal Unión, Fe y Renovación.

Reeditando la misma sintonía política exhibida semanas atrás durante la segunda sesión ordinaria, cuando su posición resultó el engranaje indispensable para convalidar la Rendición de Cuentas del ejercicio municipal anterior, Del Curto volvió a saltar la grieta y aportó su voto positivo a la estrategia oficialista. Esta maniobra selló el ajustado 11 a 9 definitivo en la votación.

Con este resultado consumado, casi la mitad de la nómina, entre las 20 sillas de titulares y 20 de suplentes, quedó en manos de dependientes directos del tesoro municipal. El escenario deja en una polémica la institucionalidad de Berisso, abriendo la puerta a futuras presentaciones judiciales por parte de las cámaras comerciales e industriales de la región ante una asamblea que nace bajo la sospecha de la incompatibilidad legal.