El entramado de sospechas judiciales que rodea la eyección de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de la Nación sumó un nuevo capítulo de fuerte polémica institucional cuando se conoció que, a pesar de haber abandonado el organigrama de la administración pública nacional acorralado por graves denuncias de corrupción penal, continuará gozando de un esquema de custodia oficial financiado con recursos del Estado.

La confirmación del beneficio fue brindada este martes 7 de julio de 2026 por el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, en lo que constituyó su segunda conferencia de prensa oficial en el Salón de los Pasos Perdidos de la Casa Rosada. Ravier eludió precisar ante los medios acreditados los plazos de vigencia de este operativo especial de seguridad y justificó la decisión al asegurar que se adoptó estrictamente por "motivos de seguridad" mientras el exfuncionario permanece bajo una densa investigación penal.

La renuncia de Adorni del riñón de Javier Milei se produjo en medio del avance de una causa judicial donde se lo investiga de forma preliminar por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y recepción de dádivas. Al momento de redactar su dimisión, el exvocero devenido en ministro argumentó haber sido destinatario de severas amenazas contra su integridad física, un elemento que el Poder Ejecutivo Nacional tomó como plataforma jurídica para sostenerle el cordón de protección policial.

El blindaje de la Casa Rosada sobre la figura del exjefe de Gabinete incluyó una negativa taxativa a activar mecanismos internos de transparencia. En ese marco, el portavoz Adrián Ravier descartó de plano que el Gobierno nacional vaya a disponer una auditoría administrativa sobre los gastos y compras suntuarias que empleados de la Jefatura de Gabinete habrían efectuado utilizando fondos públicos en nombre de Adorni.

A su vez, el portavoz libertario remarcó que el expediente se encuentra bajo estricto secreto de sumario en los tribunales de Comodoro Py y argumentó que el Poder Ejecutivo no pondrá en marcha ninguna revisión administrativa paralela mientras avancen las pericias de los jueces de instrucción.

El sismo político que sacude al oficialismo amenaza con extenderse de forma inmediata a otras dependencias estatales controladas por el clan familiar del exfuncionario. En las últimas horas, la controversia alcanzó al hermano del exjefe de Gabinete, el diputado provincial bonaerense Francisco Adorni, quien quedó formalmente imputado en una denuncia penal por presuntas irregularidades y desvíos de fondos vinculados a su gestión al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). La presentación judicial fue motorizada por la propia diputada nacional de la coalición gobernante, Marcela Pagano, lo que terminó de fracturar los mostradores internos del bloque oficialista.