En el marco de la investigación penal que busca determinar responsabilidades sobre el desarrollo de desarrollos urbanísticos presuntamente irregulares en la periferia de la capital provincial, el exintendente de La Plata, Julio Garro, quedó formalmente imputado por la Justicia en la causa por loteos ilegales, según confirmó la sede judicial de la UFIJ N° 5. 

La notificación formal se llevó a cabo ante el fiscal Juan Ignacio Mennucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 Departamental, tras la recusación presentada por la administración del actual intendente, Julio Alak, contra el fiscal primigenio de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta. 

La investigación penal lleva la carátula “Garro, Julio y otros s/Fraude en perjuicio de la administración pública - Enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público - Defraudación por administración fraudulenta - Abuso de autoridad - Incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En ese sentido, el expediente indaga la posible comisión de delitos contra la administración pública y la presunta afectación ambiental de incidencia colectiva (Ley N° 25.675) en la cesión y habilitación de parcelas rurales indivisas para uso residencial. A su vez, la imputación comprende al exjefe de Coordinación Municipal, Oscar Negrelli, y a la exsecretaria de Planeamiento, María José Botta. 

De momento, resta la comparecencia del exsecretario de Obras Públicas, Luis Esteban Barbier (prevista para el 14 de agosto), junto a Leandro David Ronga, Marcela Rogg, Augusto Sciarreta y Marcelo Gustavo Género. Cabe destacar que la notificación judicial ratificó que la condición de imputado no vulnera la presunción de inocencia del exjefe comunal, garantizando las prerrogativas del debido proceso penal. 

El origen de la causa judicial proviene de una auditoría territorial de la Secretaría de Planeamiento municipal, en la que se detectaron aproximadamente 450 barrios informales, de los cuales unos 250 desarrollos no cumplirían las condiciones técnico-ambientales para acceder a la regularización dominial. 

Paralelamente, la Comuna puso en marcha un registro de damnificados que atiende consultas de vecinos compradores de parcelas en áreas no urbanizables. Así, se registraron cerca de 2.000 consultas y 90 damnificados formales que adquirieron cesiones de derechos o cuotas parte en zonas rurales sin prefactibilidad de servicios básicos. 

A su vez, el gobierno local sumó otros cuatro emprendimientos periféricos a la presentación penal para evitar la comercialización ilegal de suelo. 

Acorde a lo que advirtió la subsecretaria de Ordenamiento Urbano y Territorial, Eugenia Rodríguez Daneri, muchas transacciones se realizan sobre parcelas rurales indivisas con la intervención de escribanos, lo que genera en los compradores la falsa percepción de que la obra está habilitada. De esta forma, sin autorización municipal para transformar el suelo, esas familias no pueden obtener escrituras convencionales ni servicios básicos.