El Concejo Deliberante de Vicente López tratará este jueves 20 de agosto un proyecto de ordenanza que habilita excepciones a la normativa vigente con el propósito de autorizar la instalación y explotación de módulos gastronómicos desmontables en 25 plazas públicas del partido. La propuesta, orientada a replicar esquemas comerciales implementados en espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires, generó inmediatas quejas en las organizaciones vecinales, entidades ambientalistas y diversas bancadas de la oposición local.

Desde la agrupación Movida Ambiental Vicente López advirtieron que la iniciativa oficial posee un marcado sesgo recaudatorio y carece de precisiones regulatorias esenciales. En un documento difundido en las últimas horas, la entidad señaló que el texto no establece los mecanismos de licitación, el diseño ni las dimensiones máximas de los puestos, los rubros específicos permitidos, ni garantías para evitar la concentración o monopolio de las concesiones en un único operador comercial.

En el ámbito político, el presidente del bloque de concejales de PJ-Fuerza Patria, Lucas Boyanovsky, cuestionó la medida al remarcar el perjuicio económico potencial sobre la gastronomía barrial consolidada. El edil enfatizó que los comerciantes linderos a las plazas afrontan elevados costos tributarios locales en concepto de ABL, tasas de Seguridad e Higiene y derechos de publicidad, por lo que la habilitación de puestos sin condiciones transparentes ni debate previo configuraría un escenario de competencia desigual, además de delegar discrecionalmente las adjudicaciones en el Departamento Ejecutivo.

A su turno, desde el espacio Primero Vicente López también objetaron la premura del oficialismo para avanzar en la votación sin abrir previamente instancias de consulta formal con los vecinos y comerciantes de las zonas afectadas. Por su parte, en sectores de la oposición legislativa señalaron que, más allá de la viabilidad de sumar servicios en paseos urbanos, el expediente requiere modificaciones de fondo y un tratamiento participativo para evitar la imposición de hechos consumados en el uso del espacio público comunal.