La Justicia de La Plata avanzó con la detención de Albertina Mangini, abogada y funcionaria del Ministerio Público Fiscal bonaerense, en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Betina Lacki y el juez de Garantías, Agustín Crispo. A Mangini se la acusa de integrar una asociación ilícita dedicada a la estafa y al lavado de activos que habría movilizado alrededor de $27.000 millones mediante billeteras digitales utilizando identidades y datos biométricos de personas en situación de vulnerabilidad penal.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la maniobra consistía en captar a personas bajo régimen de supervisión judicial que asistían a notificarse periódicamente. A cambio de pagos cercanos a los $80.000, los implicados obtenían sus documentos de identidad, fotografías y escaneos de iris para registrar cuentas virtuales no declaradas.

Estas plataformas servían como vehículos financieros bajo la modalidad de smurfing (fraccionamiento deliberado de transacciones) para canalizar y dispersar fondos de presunto origen delictivo, como el juego clandestino.

La repercusión política del arresto obligó al Poder Ejecutivo provincial a emitir un pronunciamiento formal. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y la propia administración bonaerense aclararon que Mangini es empleada de la Procuración General, encabezada por Julio Conte-Grand, y no dependiente burocrática ni laboralmente del Ministerio de Justicia ni del Patronato de Liberados presidido por Aníbal Hnatiuk.

No obstante, la funcionaria desarrollaba tareas en una oficina de enlace alojada físicamente en la sede del Patronato en virtud de un convenio de control judicial rubricado durante la gestión de María Eugenia Vidal, vía por la cual habría accedido a los padrones de liberados.

El expediente platense involucra además a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni. En el caso de Marchioni, la causa establece un puente directo con la megacausa federal de "Sur Finanzas", que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora bajo la órbita del juez Juan Tomás Rodríguez Ponte y la fiscal Cecilia Incardona. Marchioni, quien figura con cuentas inhibidas en el fuero federal por arbitrajes en criptomonedas, registró flujos brutos en billeteras virtuales por más de $27.149 millones según reportes de la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), monto que coincide con la masa dineraria pesquisada en La Plata.

Tras el rechazo de la Cámara Penal de La Plata a un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa de Mangini, la funcionaria permanecerá detenida mientras la Fiscalía analiza el material informático, la documentación y los vehículos incautados en múltiples allanamientos en La Plata, Quilmes, Córdoba y Mar del Plata para solicitar las prisiones preventivas de los principales acusados.