El debate legislativo por el Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires abrió un fuerte frente de negociación entre el Gobierno de Axel Kicillof, los bloques opositores y los jefes comunales. El eje central de la disputa radica en el diseño del Fondo de Seguridad para los 135 municipios, ya que el proyecto oficial prevé financiarlo con una porción de la nueva toma de deuda provincial, un esquema que despierta reparos por la incertidumbre en los montos y los plazos de desembolso.
Por encima de las diferencias partidarias en torno a la afectación específica del dinero, tanto legisladores como intendentes coinciden en exigir tres condiciones básicas para acompañar el paquete fiscal: incrementar el volumen de las transferencias, asegurar un cronograma de pagos previsible y otorgar mayor autonomía a las administraciones locales para asignar las partidas según las urgencias de cada territorio.
Nos reunimos con el Foro de Intendentes Radicales y sus nuevas autoridades para planificar la agenda de fin de año y conversar sobre el Presupuesto provincial 2027. Un espacio de encuentro e intercambio para compartir miradas, analizar las necesidades de los municipios y los recursos previstos, y seguir trabajando de manera conjunta para dar respuestas a los bonaerenses.
— Diego R Garciarena (@dgarciarena) November 18, 2026
En la Cámara de Diputados bonaerense, las distintas bancadas opositoras expusieron sus objeciones al esquema propuesto por el Ejecutivo provincial, marcando matices sobre si el fondo debe ser de libre disponibilidad o mantener su destino exclusivo en materia preventiva. En ese sentido, Diego Garciarena (UCR + Cambio Federal), sostuvo que el fondo debe ser de libre disponibilidad para que cada intendente defina sus prioridades y calificó la partida como "muy escuálida" frente a una inflación interanual del 30% al 35%. Además, reclamó revisar los recursos de Infraestructura, Educación y Salud, y advirtió que el proyecto podría comprometer el financiamiento del IOMA y el IPS.
Por su parte, Alejandra Lordén (UCR) planteó que las transferencias deben ser automáticas, transparentes y regidas por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), señalando que las urgencias del Conurbano difieren de las del interior (donde muchos distritos deben afrontar salarios y aguinaldos). Propuso garantizar un piso desde Rentas Generales con fechas fijas y dejar el endeudamiento como complemento.
En ese marco, Andrés De Leo (Coalición Cívica) advirtió que condicionar el fondo al endeudamiento genera incertidumbre financiera y recordó las demoras sufridas por las comunas durante este año. Si bien evitó adelantar un rechazo cerrado al paquete económico, anticipó diferencias durante el trámite parlamentario.
La presentación del Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires por parte del ministro @PabloJ_LopezOK deja varios interrogantes y una certeza: el gobierno de @Kicillofok ha licuado los salarios de docentes, policías y trabajadores de la salud, entre otros sectores. Una motosierra mal aplicada: el ajuste lo terminan pagando quienes todos los días sostienen los servicios esenciales de la Provincia.
— Andrés De Leo (@AndresDeLeo) November 5, 2026
Finalmente, Francisco Adorni (La Libertad Avanza), el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto rechazó que la seguridad dependa de un préstamo y denunció que el mecanismo busca presionar a los intendentes para aprobar deuda. Calculó que el 8% de hasta 1.000 millones de dólares equivale a un tope de 80 millones de dólares (menos de 600.000 dólares promedio por municipio), cifra que consideró insuficiente para logística y personal. A diferencia del radicalismo, exigió afectación exclusiva a seguridad, reparto según índices de delito y rendición pública de gastos.
En el territorio, los jefes comunales coinciden en señalar que los municipios absorben cada vez mayores erogaciones vinculadas al mantenimiento de la seguridad provincial, como combustible y reparación de patrulleros, sin recibir una compensación acorde desde La Plata. De esta manera, Javier Andrés (intendente de Adolfo Alsina – UCR), manifestó su preferencia por que las partidas no dependan de la colocación de deuda y reclamó flexibilidad para administrar los fondos según las necesidades locales, advirtiendo que los costos operativos de los móviles policiales crecieron muy por encima de la recaudación comunal.
Por su parte, Marcelo Matzkin (jefe comunal de Zárate – PRO), respaldó que exista un Fondo de Seguridad con afectación específica al área, pero exigió que los recursos se liberen en tiempo y forma y que cada municipio tenga margen para definir su aplicación. Señaló que Zárate destina el 12% de su presupuesto a prevención del delito para suplir falencias provinciales, recursos que podrían volcarse a obra pública urbana como el arreglo de calles.