El exintendente de Moreno, Walter Festa, aceptó firmar un acuerdo de juicio abreviado en el marco de la causa penal que investiga presuntas maniobras de defraudación a la administración pública ocurridas durante su gestión al frente del Ejecutivo municipal. El convenio pactado contempla una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos.
La propuesta fue impulsada por el fiscal Guillermo Massaroni y elevada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mercedes, instancia que deberá resolver su homologación para que la sentencia adquiera carácter definitivo. Además de la pena en suspenso y la prohibición permanente de ejercer funciones estatales, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Festa cumpla reglas de conducta durante tres años y afronte las costas del proceso judicial.

La investigación, instruida inicialmente por la UFI N°8 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, tuvo como eje una presunta estructura de designaciones irregulares dentro de la planta municipal para desviar recursos públicos hacia el financiamiento político.
De acuerdo con la hipótesis acusatoria, que incluye las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, peculado y falsedad ideológica, la operatoria incluyó la incorporación de personas a la nómina salarial de la Municipalidad de Moreno que percibían haberes mensuales sin cumplir tareas efectivas para la comuna.
A su vez, según la fiscalía, parte de esos fondos habría sido percibida por el dirigente social Hugo Rubén Ortiz y destinada a solventar movilizaciones y actividades políticas vinculadas con la administración del entonces jefe comunal. Cabe destacar que los investigadores pusieron bajo la lupa decretos de altas y bajas de personal firmados el 5 de abril de 2019 con efectos retroactivos al primer día de ese mes, maniobra que habría buscado encubrir la operatoria real detrás de los registros formales.

El expediente surgió como un desprendimiento de una causa por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales que involucró a integrantes del Movimiento Octubres, a partir de escuchas telefónicas. En las actuaciones también figuran mencionados la exfuncionaria municipal Lucía Alejandra Vázquez, Fernando Sebastián Adorno, Gisela Alejandra Hauscarriaga y Jorge Alberto Vila.
Más allá del acuerdo alcanzado en la Justicia bonaerense, la situación procesal del exintendente continúa abierta en el ámbito federal, donde tramita un segundo expediente de gravedad, junto a su expareja, por presunto lavado de dinero en una causa radicada en el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del magistrado Jorge Rodríguez.
Según advirtió su exabogado Leonardo Sigal, una eventual sentencia condenatoria en ese fuero federal podría revocar el carácter condicional de la pena de tres años pactada en Mercedes y tornar efectivo su cumplimiento.