Procesaron por corrupción al ex Intendente de Pilar durante la gestión de Macri

Adrián González Charvay, juez federal de Campana, elevó a juicio oral y público el caso de Nicolás Ducoté, ex intendente de Pilar durante 2015-2019 por Cambiemos. La decisión se tomó luego de que la Cámara Federal de San Martín, que había confirmado los procesamientos en octubre de 2021, rechazara planteos de nulidad de varios de los imputados.

En julio de 2021, González Charvay había dictado el procesamiento de Ducoté y de otros ex funcionarios de la intendencia de Pilar y empresarios por corrupción; en términos legales, por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.

La investigación judicial se había abierto en 2019, por irregularidades cometidas en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que durante la gestión de Mauricio Macri encabezó Rogelio Frigerio y el municipio a cargo de Ducoté.

Fue así, que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) procede a analizar los contratos cuestionados, y presentó dictámenes con las irregularidades detectadas en los tres casos bajo sospecha.

“Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”, señaló en aquella ocasión, el director Sergio Rodríguez.

En la causa que estuvo a cargo del juez González Charvay y del fiscal federal Sebastián Bringas se analizaron tres acuerdos para los que se derivaron fondos nacionales a la intendencia de Pilar.

El primero de ellos se llamó “Microcréditos”. El gobierno nacional otorga dinero al municipio de Pilar para “asistir con fondos a vecinos de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias y también pudieran acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad”.

El segundo fue “Monterrey”, cuyo objetivo era “urbanizar y mejorar el barrio pilarense de Derqui, llamado Monterrey.” Específicamente, renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas. La obra afectaba a 141 lotes y sería financiada con fondos nacionales, representando unos 145.733.567 millones pesos.

El último convenio se denominó “Peruzzotti”, y pretendía “mejorar la infraestructura a partir de la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en el barrio Peruzzotti de la localidad bonaerense de Pilar. Esta obra fue adjudicada a Tordel S.A.

Y fue allí donde la Justicia se jactó del posible delito: “Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido, pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria, quien se alzó con la suma de $14.135.30,93…”, decía el dictamen de la PIA.

De esta manera fue que la investigación judicial determinó que las obras, cobradas por los contratistas privados, no fueron concluidas, y entonces el dinero de los créditos se derivó a una estructura creada para administrar ese dinero.

Rodríguez señaló: “Tales maniobras se llevaron a cabo mediante cuantiosas aplicaciones de recursos y la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas la aplicación de sumas de dinero por las cuales ni el Estado ni la sociedad se vio beneficiada”.

Ahora, el juez González Charvay decidió elevar esta causa a juicio oral y público a la vez que seguirá investigando los hechos ocurridos y los presuntos implicados.