A partir de los reclamos por parte de las autoridades provinciales y referentes pesqueros, el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, reculó con algunos de los puntos de la reforma pesquera y hará cambios en la “ley Ómnibus” que tendrá lugar en el Congreso.
Esta decisión se dio en el marco de una reunión con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, mientras que este último recibió el miércoles pasado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para plantear la defensa de esta área.
En ese sentido, el ministro explicó: “La ley que enviamos al Congreso tiene un capítulo especial sobre la problemática de pesca, la forma de encararla de este Gobierno, que ha generado algunas dudas en el sector, se han reunido las cámaras y los gobernadores e intendentes que tienen que ver con la pesca. Nos han traído la preocupación de las cámaras del sector, y convenimos que el espíritu de la reforma de la ley es muy claro, se había generado alguna confusión con el tema de las 200 millas”.
“Está claro que para el gobierno las 200 millas son de pesca nacional y también está claro que hay que hacer algunas modificaciones y proteger a la pesca nacional en las 200 millas, por lo cual hemos hablado con los ministros de Seguridad y Defensa”, agregó Francos.
Además, aseguró: “Estamos de acuerdo que hay que sentarse en una mesa para analizar todos los aspectos de la Ley y proponer las reformas que sigan a este proyecto de Ley para tener un proceso de pesca más claro.
Por último, el referente de Javier Milei explicó que están a la espera de una mesa junto al sector para plantear los pasos a seguir. “La pesca es un recurso de los argentinos y los argentinos no reciben lo que deben recibir. Tenemos que buscar la forma de que las empresas puedan ejercer la actividad pero que paguen por la actividad. Lo que pagan las empresas pesqueras no es lo que deberían”, sintetizó.
Cabe remarcar que el sector pesquero se centró en la modificación en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos; la competencia desigual en la asignación de cupos de captura generada por la modificación del Artículo 27° del Régimen de Pesca; y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, el cual establecía que el 75% del personal embarcado debía ser de nacionalidad argentina con diez años de residencia.
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