En las últimas horas el bloque de Diputados de la Provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical - Cambio Federal emitió un comunicado en el que le pide a la Justicia que tenga "prudencia" en la aplicación de la doctrina legal del fallo Barrios, que obliga a indexar las indemnizaciones en juicios tanto civiles como laborales.
"Luego de mantener reuniones con organizaciones que nuclean PyMES y comercios de la provincia de Buenos Aires, expresamos nuestra preocupación por la situación terminal en la que se están colocando a muchas empresas a partir de la aplicación por parte de los jueces inferiores de la doctrina legal emanada de un fallo de la Suprema Corte bonaerese en el caso 'Barrios'", señalaron.
A su vez, desde el espacio encabezado por Diego Garciarena, advierten que la aplicación indiscriminada de las pautas de actualización "elevan de manera desmedida el monto de las sentencias condenatorias en los juicios laborales, poniendo en riesgo, en muhcos casos, la misma continuidad de la empresa".
"No podemos ni queremos entrometernos en la función judicial, simplemente expresamos que la propia Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha establecido pautas de razonabilidad para la aplicación de la doctrina legal en materia de indemnizaciones 'cuidando evitar que el reconocimiento patrimonial final del capital no exceda el valor real de la prestación debida. Sin caer en resultados excesivos que, en algunos casos, superan la propia facturación anual de las empresas", agregan.
Por último, el bloque de legisladores afirmó que el trabajo y la producción son el motor de nuestra Provincia y no pueden ponerse en riesgo de extinción aplicando en forma irrazonable una doctrina legal sin distinguir en el caso concreto.
En ese sentido, hay que destacar que la Legislatura bonaerense tiene pendiente de resolución un proyecto de ley para ordenar la indexación de las indemnizaciones en una iniciativa de las legisladoras de La Cámpora, Maite Alvado y Soledad Alonso, que nace a partir del fallo Barrios.
Entre las Pymes hay expectativa porque no se apruebe la norma, y en el Gobierno Bonaerense esperan lo mismo, y se han encargado de remarcar constantemente que no es un proyecto del ejecutivo provincial.
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