Garro imputado por corrupción, asociación ilícita y fraude durante su mandato en La Plata

Esta semana se armó la polémica cuando el ex intendente de La Plata, Julio Garro, fue imputado formalmente en una causa por corrupción relacionada a desarrollos inmobiliarios irregulares por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N° 16 de la capital provincial.

En ese marco, Garro fue imputado por asociación ilícita, incumplimiento en el deber de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración farudulenta, luego de una denuncia penal radicada desde la gestión del actual intendente de La Plata, Julio Alak.

Cabe destacar que, junto a Garro fueron imputadas otras siete personas y son investigadas cuatro empresas, bajo la supuesta connivencia de funcionarios de alto rango y entidades privadas en el desarrollo inmobiliario irregular en la periferia de la capital provincial. En ese marco, se practicaron un total de cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación, que incluyeron el domicilio particular de Garro, los asientos físicos operativos y administrativos de cuatro empresas privadas (LES BAUX Y SERVICIOS S.A.S., BORDOGONI Y CIA. SRL, SOLVIAL CONSTRUCCIONES y AGRYCON S.A.), como así domicilios particulares de empleados municipales y privados.

En los registros se procedió a la incautación de copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el Municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos, entre otros elementos de relevancia para la pieza judicial de referencia. A su vez, se notificó la imputación en la formación de la causa a las ocho personas sindicadas.

“Al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aún no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, aseveró el fiscal Condomí Alcorta.

En ese marco, aseguró: “Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas / desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de mil quinientos millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al municipio en un monto estimado en $700.000 millones de pesos”.

Acorde a una de las fuentes de la causa: “Rezonificaban varios barrios en donde no se podía construir. Se hacía una ordenanza especial, se pagaba una plusvalía, con números inflados, con empresas ocupadas por los funcionarios”. En ese marco, la firma de Garro se repite en varios convenios urbanísticos investigados por la Justicia, halladas en los expedientes municipales de estas obras, en los que en la actual gestión sospechó serias irregularidades que motivaron la denuncia.

Uno de los ejemplos que se dan en la causa es un expediente rubricado por Garro y una autoridad de la firma Agrycon SA, de una obra que tendría un costo de 39 millones de pesos terminaba con una plusvalía total de 77 millones. “No se desprendía en ese expediente originario de donde surgía dicho monto”, fustigó Condomí Alcorta en su imputación.

Cabe destacar que María José Botta y Marcelo Genoro, ex funcionarios de las áreas de Planeamiento Urbano y Obras Viales, también se encuentran entre los investigados.